a corrupción es una fatalidad inevitable en la vida de los hombres y de las instituciones? Hay que negar tal idea. Aceptarla sería letal, terminal, el fin de los hombres en su lucha homérica por el bien. Ninguna torcida razón justifica actos corruptos como engrosar los bienes del hombre a costa del patrimonio público. Algo andaría mal si se pensara tan negativamente y quizá, con ese andar errado, lo que más bien se revelaría sería la incompetencia oficial para lidiar con ese crimen.
Tan larga introducción sólo pretende sustentar que es inaceptable dejar a lo eventual la defensa de nuestras convicciones, la probidad personal y la transparencia de las instituciones, más cuando se observa que en México la inercia de la corrupción está ganando terreno.
¿Cómo observar pasivamente hechos lesivos al interés nacional y a la fortaleza de ánimo personal como el vergonzoso caso de Veracruz, que los dos gobernadores han convertido en el más sucio pleito de comadres? ¿Cómo creer que en el caso Veracruz la justicia se expresará ,cuando para nada ha actuado? Han sido los medios los que han alentado una sanción, por lo menos de salud pública. Los contendientes, Duarte y Yuñez, han sido mutuos reveladores de fortunas inexplicadas. Sus magnitudes asombran por su número y la cuantía de los episodios de escamoteo y ponen a reflexionar respecto de nuestros sistemas de control, haciendo posible que la verdad última fuera que con premeditación no se han querido aplicar.
En sus largos términos esas riquezas salieron del patrimonio de numerosas instituciones. Ellas tienen más de un vigilante obligado y responsable: sus órganos de gobierno y de control interno, las contralorías federales y estatales, las secretarías de Hacienda y Función Pública federales y los congresos. No hay problema de competencia; aunque en numerosos casos se saquearon arcas estatales, éstas se integraban también con aportaciones federales.
Los legisladores federales y estatales sabían lo que aprobaban, presupuestos y cuentas públicas; entretanto, los partidos volteaban la cara. No fue el asalto al tren del dinero o el robo al Lloyd’s Bank, no. Son años de pillaje de los que nadie con responsabilidades quiere enterarse. Si resultaran presuntos responsables ante la autoridad y posteriormente sancionados, surgiría la implacable pregunta para la cual el sistema no tiene respuesta: ¿antes nadie lo sabía? ¿surgirá la explicación de que el Sistema Nacional Anticorrupción está aún en gestación?
En lo personal, conociendo la materia de procuración de justicia federal y estatal, para nada confío en ellas, menos en su independencia, ni conozco a quien tuviera esa esperanza, menos si ese alguien hubiera acudido a ella. En lo real, mientras no veamos tras las rejas a uno de esos semidioses, los gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Moreira, Padrés, Medina (exculpado el martes), Montiel y decenas más, todo será papel y tinta.
Una explicación de ese escepticismo sería observar que los partidos origen de los gobernadores, PRI y PAN principalmente, no se dan por enterados. El PRI dejó correr la versión de una expulsión, dijo que crearía una comisión; nada pasó. Cuando el PAN cambió de dirigencia se comprometió a sancionar a los legisladores sorprendidos cobrando comisiones, llamadas moches. Nada ha pasado, el jefe de la comisión creada para ese acto de salud es nada menos que un ex presidente del partido: Luis Felipe Bravo Mena. ¿Cómo respondería a esto el belicoso presidente del PAN, el joven macabeo Ricardo Anaya?
En el ambiente en que México vive pasan tantas cosas todos los días que estamos en un mareo constante, con riesgo de no poder discernir lo grave de lo agudo. Nos indigna más el atropellamiento de un respetable ciclista que el desfalco del país. Vivimos días sin perdón, debiendo vivir en los espacios de la satisfacción. El momento reclama gran atención de la sociedad, gran participación crítica. Más preocupados estaríamos si tuviéramos una conciencia más firme de que puede ser una última ficha por jugar.
La situación es extremadamente grave; entonces las medidas correctivas, las que fueran, adquieren total legitimidad, aun si fueran severísimas. Limitar la efectividad del sistema de justicia por no lastimar, por no molestar a algún grupo o persona, sería girar pagarés que deberán cubrir nuestros descendientes; el tiempo presente ya se agotó.
El Sistema Nacional Anticorrupción está naciendo mediante un mal parto; ahora el reto es que funcione, condición en la que pocos creen. La verdad de fondo es que nuestra autoestima y credibilidad llegaron a su más baja expresión. Hoy, quizá, estaría vigente la frase de Obregón: Aquí todos somos un poquito ladrones
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