El presidente del partido Morena en la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, dijo que los diputados de su partido en la Asamblea Constituyente buscarán revertir en el texto de la constitución local los artículos de la Ley de Movilidad avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que consideró restringen el derecho a la libre manifestación.

Para el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) capitalino, Raúl Flores García, las disposiciones de la citada norma, en particular el que establece el aviso con 48 horas de anticipación y la restricción al uso de vías primarias de circulación continua, no son limitativas del derecho de los ciudadanos a manifestarse.

El también vicecoordinador del grupo parlamentario de su partido en la Asamblea Legislativa (ALDF), dijo, sin embargo, que sí propondrán una reforma a la Ley de Movilidad para suprimir la parte que señala que su finalidad debe ser perfectamente lícita, con la finalidad de quitar cualquier viso de criminalización de la protesta.

Tras conocer la sentencia de la Corte, en entrevistas por separado, Batres sostuvo que el aviso anticipado pone a esta ley fuera de toda realidad, y refirió el caso de un grupo de padres de familia de una escuela de Iztapalapa que ante una respuesta negativa a su reclamo por falta de mesabancos decidió en ese momento salir a protestar a la calle.

Agregó que esas 48 horas pueden servir también para dar tiempo a los gobiernos central y delegacionales para inventar ferias de servicios y negar el uso del espacio público para un acto público, en alusión a la movilización de Morena en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajdores de la Educación, el pasado 26 de junio, que no llegó al Zócalo, como pretendía, por una actividad programada ese mismo día por el gobierno capitalino.

Flores García dijo que esas 48 horas pueden ser cruciales, no solamente para dar oportunidad a las autoridades de planear y orientar a la población de las afectaciones, sino para que las autoridades den respuesta a la inconformidad y evitar que la gente deba salir a manifestarse.

Admitió, sin embargo, que el gobierno federal no ha tenido el suficiente oficio político para responder a las movilizaciones que son de su competencia y que, dijo, de un promedio de 20 movilizaciones que se realizan al día en la capital, 60 por ciento se originan por demandas a autoridades federales.

Dijo que en un estado de convivencia ideal no son las marchas, sino la capacidad de respuesta de los gobiernos a las inconformidades, lo que debía prevalecer, aunque admitió también que hay movilizaciones que convocan líderes corruptos de organizaciones como los 400 Pueblos o Antorcha, cuya única finalidad es tener más prebendas y privilegios.