esdén, odio, acusaciones mutuas de pandillerismo, corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y uso de los medios para ajustes de cuentas son hasta ahora el paupérrimo saldo de una alternancia que se ha distinguido, más que por la oportunidad histórica de reconstruir Veracruz, por las urgencias de las agendas personales de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes.

Los esfuerzos más recientes del primero se han encaminado a devolver, golpe a golpe, las acusaciones del panista de haber llevado al estado a la ruina moral y a la quiebra financiera debido a la enorme corrupción de funcionarios de todos los tamaños, y de hipotecar el futuro de la entidad a largo plazo.

Así, Duarte ha denunciado a Yunes por propiedades inexplicables y más recientemente, por medio de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de construir una red de empresas familiares con las que habría realizado negocios a su paso por la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El gobernador electo encontró un escenario a modo y la mesa puesta por la actuación del gobierno saliente, sacudido prácticamente a diario por denuncias de propiedades y cuentas bancarias en el extranjero, tráfico de influencias y la exhibición de una estrategia meticulosa para transferir dinero público al abultado patrimonio personal con que se retiran los más allegados al duartismo.

Mientras la crisis estructural de Veracruz parece no tocar fondo, el debate entre gobernadores revela la pobreza de la política estatal. Sus dos principales figuras y sus respectivas plataformas se enredan en una espiral estéril porque a final de cuentas, ya sea que Duarte acabe encarcelado o Yunes inhabilitado, el estado seguiría en el estancamiento económico y social.

Al final, el debate Yunes-Duarte sólo deja en evidencia los pecados y los entresijos de los políticos del estado, que han instituido la corrupción y la simulación como forma de ejercer la función pública.