Monterrey, NL.

El ex gobernador priísta Rodrigo Medina de la CruZ, fue vinculado ayer a proceso por el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones, pero libró las dos acusaciones más graves: la de peculado y la de delitos patrimoniales por 3 mil 600 millones de pesos, derivadas de presuntos apoyos financieros ilegales a la automotriz coreana Kia.

El ex mandatario arribó al palacio de justicia de Monterrey a las 8:10 horas y luego de más de 12 horas concluyó su audiencia ante el juez de control.

Ernesto Canales, subprocurador de Nuevo León especializado en combate a la corrupción, dijo estar satisfecho con la resolución del juzgado y destacó que es la primera vez en ese estado que un ex gobernador se presenta a declarar ante un juez.

Anteriormente, sólo el ex mandatario priísta Sócrates Rizzo García declaró ante el Ministerio Público durante 14 horas en 1996, y aunque renunció, no llegó a presentarse ante un juez.

Sólo firmó documentos como testigo de honor

La defensa de Medina de la Cruz señaló que en los documentos que lo vinculan con las presuntas anomalías solamente firmó como testigo de honor, ya que todos los destalles técnicos estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, cuyo titular era Rolando Zubirán.

Medina de la Cruz es uno de los imputados por el gobierno actual, encabezado por Jaime Rodríguez, como parte de la Operación Tornado.

En esta indagatoria se involucra a 30 ex funcionarios de la administración estatal, así como a familiares y amigos del ex gobernador por presuntos actos de corrupción en la compraventa de terrenos entregados a Kia Motors en el municipio de Pesquería, y por presuntos apoyos ilegales a esa empresa con cargo al erario estatal.

Esta es la primera parte del juicio que se sigue a los ex funcionarios. En esta audiencia el juez escuchará a los acusados aportar pruebas para defenderse de las acusaciones y decidirá cuántas diligencias más son necesarias antes de emitir un veredicto sobre el caso.

Javier Duarte defiende a su ex secretario de Seguridad; sabía que tenía propiedades en EU

Eirinet Gómez, corresponsal

Xalapa, Ver.

El gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares compareció ayer ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos para responder la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que interpuso el mandatario saliente, Javier Duarte de Ochoa.

Al salir de su reunión con el fiscal segundo Mario Jesús Ramírez Castillo, en el edificio de atención temprana, Yunes Linares expresó: La Fiscalía General del Estado (FGE) es un brazo de la corrupción, no un brazo de la justicia. No se dedica a perseguir corruptos; se dedica a perseguir a quienes denunciamos a los corruptos.

Dijo que en abril demandó a Duarte de Ochoa por enriquecimiento ilícito y éste no ha sido llamado a declarar, pero a él lo citaron inmediatamente (la denuncia se presentó el primero de agosto) porque el fiscal no es autónomo; forma parte de una banda de delincuentes que atracó a Veracruz.

Consideró que la fiscalía se presta al juego mediático de Duarte de Ochoa a fin de desviar la atención de las acusaciones en su contra. Argumentó que no se le puede imputar enriquecimiento ilícito, pues sólo se configura para servidores públicos y él aún no lo es, de acuerdo con el artículo 328 del Código Penal de Veracruz y el artículo 2, fracción primera de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Mientras Yunes comparecía, Javier Duarte de Ochoa reiteró a una radiodifusora de la ciudad de México que no huirá del país cuando concluya su mandato.

Negó ser dueño de inmuebles en Texas, aunque aceptó que sabía que Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública, posee cinco propiedades en aquel país. Agregó que él mismo le informó de cada una y que las adquirió con ingresos al margen de su desempeño como servidor público.

Es un hombre honorable. Ha venido trabajando con mucha fortaleza; le ha entrado con muchos pantalones a la seguridad pública; se ha coordinado de manera excepcional con las fuerzas armadas, principalmente con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para bajar los índices de inseguridad en Veracruz, puntualizó el priísta.