Felipe Arizmendi, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, manifestó que el conflicto entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) requiere una solución inmediata para evitar que el tejido social se siga dañando, en particular en entidades como Oaxaca y Chiapas.

Mediante el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México, aseveró que en esas entidades parece que los docentes le han apostado todo a la resistencia, mientras las autoridades al cansancio de éstos. Así, lejos de vislumbrarse una salida mediante el diálogo, en el que ambas partes flexibilicen sus posturas para lograr acuerdos sobre la reforma educativa, el problema pareciera dirigirse hacia un final dramático.

Respecto de la importancia de esto último, señaló que el mayor riesgo de que en cierto momento se quiera dar una salida al conflicto mediante el uso de la fuerza, es que haya más pérdidas de vidas, lo cual sería muy lamentable, como ocurrió en el caso de Nochixtlán.

El uso de la fuerza pública

La fuerza pública en realidad debe servir para contener, para impedir que los manifestantes tomen aeropuertos, para prevenir daños a la sociedad. Por otra parte, si la CNTE sigue afectando al pueblo sencillo y pobre, del cual procede, se ganaría aún más el rechazo de la gente y su lucha quedaría deslegitimada.

Indicó que para entablar un diálogo fructífero es necesario que las autoridades expresen a la brevedad su voluntad de negociar la reforma educativa, pues el hecho de que ambas partes pretendan que todo se les conceda sólo podría conducir a un mal desenlace.

“Considero que la CNTE sabe, debe aceptar, que no todo se le puede cumplir. Mantiene sus peticiones con la esperanza de alcanzar lo más que pueda. El gobierno, por su parte, debe tomar una actitud humilde y admitir que algunos puntos de la reforma pueden ser mejorados, pues toda ley es perfectible.

Hay aspectos secundarios y administrativos que sin duda se pueden cambiar, como garantizar a los maestros, mediante disposiciones más claras y puntuales, que no perderán su trabajo ni derechos laborales mientras cumplan con sus deberes docentes, es decir, se necesitan garantías debidamente escritas.