La capacidad del gobierno mexicano para hacerse cargo del flujo de migrantes centroamericanos está llegando a su límite, aseguró Crisis Group sobre América Latina en su más reciente informe denominado Presa fácil: violencia criminal y migración en Centroamérica.

En el informe, la organización resaltó que las solicitudes de asilo en México, ante el incremento de la ola migratoria proveniente de esa región, se han disparado, particularmente de ciudadanos de El Salvador, que se convirtió en el país más violento del hemisferio occidental, con una tasa de 103 homicidios por cada cien mil habitantes, contra 57 de Honduras y 30 de Guatemala.

Las solicitudes de asilo, de acuerdo con la agrupación independiente –que trabaja con la finalidad de para prevenir guerras y diseñar políticas que construyan un mundo más pacífico–, son sólo una pequeña fracción de los 170 mil migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica detenidos por las autoridades mexicanas en 2015, que deberían tener derecho a recibir protección.

De esa cifra, 35 mil eran menores de edad, y 18 mil de ellos viajaban sin tutor o progenitor. Funcionarios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estimaron que al menos la mitad tenían motivos plausibles para reclamar protección internacional, por las amenazas contra sus vidas y seguridad, pero sólo 138 solicitaron el estatuto de refugiado y 56 obtuvieron el asilo.

Crisis Group resaltó que el número de solicitantes y el porcentaje de admisiones de asilo han aumentado drásticamente en 2016.

En los primeros tres meses, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió mil 470 solicitudes, de las cuales únicamente 652, de mil 48 que completaron el proceso, obtuvieron el estatus de refugiado o protección.

Entrevistas con funcionarios federales, responsables de albergues, activistas y organismos de la ONU revelaron –de acuerdo con el informe– que un número cada vez mayor de migrantes centroamericanos quiere permanecer en México, dados los elevados costos y riesgos de llegar a Estados Unidos y el creciente peligro de ser deportados de ese país.

Sin embargo, advirtieron que la Comar trabaja más para excluir que para proteger. Actúan como detectives interrogando a un sospechoso, buscando incongruencias para rechazar las solicitudes por falta de credibilidad.

Lo anterior, porque muchos solicitantes de refugio tienen educación precaria y son fáciles de intimidar; relativamente pocos cuentan con ayuda legal, además de que el miedo a la violencia generalizada no garantiza que se le otorgue ese estatus a cualquiera que haya huido de los maras”.

Para Crisis Group, el gobierno mexicano debe reconocer que los migrantes, en especial niños y familias, no deben ser retornados a las comunidades centroamericanas donde sus vidas y libertades podrían correr peligro.

Recomienda al gobierno ampliar la capacidad de la Comar para evaluar las solicitudes de asilo; trabajar con el Acnur implementando protocolos que permitan a los agentes de migración y a otros funcionarios del gobierno identificar a quienes necesiten protección, en especial en las zonas fronterizas y en los centros de detención de migrantes.

Asimismo, pide al gobierno ofrecer el estatus de visitante por razones humanitarias a los solicitantes de asilo.