A dos años de que la minera Buenavista del Cobre (BDC), propiedad de Grupo México, derramó 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, un tribunal de Arizona, Estados Unidos, falló a favor de los Comités de la Cuenca Río Sonora (CCRS).

El juez ordenó a Southern Copper Corporation (SCC), casa matriz de Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, que entregue información sobre el derrame del 6 de agosto de 2014, la cual permitirá fortalecer las acciones legales de dichos comités. La empresa subsidiaria de Grupo México deberá entregar 13 categorías de información sobre el derrame.

Southern Copper Corporation cotiza públicamente en bolsa en Estados Unidos, tiene sede en Phoenix, Arizona, es propiedad de Grupo México y controla varias subsidiarias mineras del conglomerado de Germán Larrea.

En esta acción legal los CCRS contaron con el respaldo del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), el Despacho Jurídico de Lynn Coyle PLLC –con sede en El Paso, Texas– y la organización estadunidense Earth Rights International (ERI).

Al cumplirse 24 meses del derrame, considerado el peor desastre ambiental en la industria minera del país, hoy por la mañana activistas y algunos de los 22 mil habitantes de los siete municipios afectados (Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures) partirán de Hermosillo hacia el ejido de Bacanuchi, el punto más cercano a la mina BDC, en protesta por la falta de remediación de los daños por Grupo México y el gobierno federal.

Allí denunciarán las promesas incumplidas y la falta de compromiso de la empresa y de las autoridades federales para la remediación integral del derrame. Se realizará un acto público para hacer visibles las afectaciones que continúan sufriendo las poblaciones de la cuenca del río Sonora y la negligencia de las autoridades y la empresa.

Los afectados realizarán un acto simbólico de resistencia en las instalaciones del proyecto de expansión de la mina y emprenderán nuevas acciones legales, para buscar una solución efectiva a los impactos del derrame y una atención adecuada de sus necesidades.

Los CCRS recurrieron a un tribunal estadunidense debido a que el consorcio minero Grupo México se ha protegido legalmente para no enfrentar la reparación del daño, y probablemente ante esta nueva derrota jurídica se amparará para no brindar la información en categorías como afectados, daños ambientales, pérdidas económicas, estado tóxico del agua y el pago del fideicomiso.

Esta victoria jurídica fortalece las acciones legales en México, debido a que la información en manos de la empresa estadunidense permitirá a los vecinos representados por los Comités de la Cuenca del Río Sonora, conozcan los datos que Grupo México ha estado ocultando.

El jueves, el sindicato nacional minero exigió que especialistas independientes e imparciales realicen una investigación que determine la responsabilidad de Grupo México.

Desde el 14 de mayo de 2015 se han interpuesto siete amparos para defender los derechos de los habitantes del río.