Decenas de activistas y organizaciones de defensa de los derechos humanos pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que la discusión en torno a la reforma de la Ley General de Víctimas mantenga como pilar el acceso a la justicia, con un procedimiento eficaz y claro, bajo los principios de no revictimización y debida diligencia.

En una carta dirigida al jefe del Ejecutivo solicitaron un proceso transparente, participativo e incluyente para discutir la reforma. Anticiparon su rechazo a cualquier iniciativa que vaya en perjuicio de los principios y directrices básicos de los derechos de las víctimas y a cualquier intento de excluirlas del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Organizaciones no gubernamentales y activistas advirtieron que pese a los señalamientos de mecanismos internacionales y ante la clara omisión y falta de contundencia del Estado para investigar diligentemente las violaciones a los derechos humanos y proteger a las víctimas, éstas siguen siendo estigmatizadas.

Además de que en muchas ocasiones el hecho de denunciar las violaciones ha resultado suficiente para que sean señaladas como delincuentes.

Debilitar o desconocer los derechos de las víctimas no es una vía para mejorar la atención y reparación del delito. Solamente respetando el debido proceso es posible garantizarles el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos. Estos ejes de cualquier estado democrático no pueden, bajo motivo alguno, supeditarse a discursos beligerantes o populistas, consideraron.

Activistas y organizaciones indicaron que las iniciativas que se han presentado plantean una inminente regresión del desarrollo normativo del Estado, particularmente del artículo 1º constitucional, que señala su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Subrayaron que falta mucho para consolidar una política efectiva en la materia, pero también hay oportunidad para revisar y modificar en la ley los esquemas burocráticos –incluidas las disposiciones reglamentarias– que han impedido que se atiendan las disposiciones de las víctimas y se garanticen tanto sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral, como el establecimiento de medidas de no repetición.

Para los firmantes de la carta, la discrecionalidad, improvisación, burocratización de los procedimientos, entre otras limitaciones estructurales e institucionales, se generaron a partir del nombramiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la emisión del reglamento.

Signaron la carta, entre otros, los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez, Cencos, Artículo 29, Casa del Migrante de Saltillo, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Afadem, Familiares en Búsqueda María Herrera, Serapaz, Wola y muchos más.