a Ciudad de México es frecuentemente identificada como una entidad en la que los diferentes movimientos y reivindicaciones sociales han permitido avances que la distinguen del resto del país, por el reconocimiento que en ellas se da de los derechos humanos de grupos de personas que, debido a la desigualdad y violencia estructural, han enfrentado discriminación y vulneración a su integridad. La discriminación, entendida de manera amplia, tiene que ver con distinciones que atentan contra la dignidad humana y tienen como consecuencia la negación de derechos. De manera afortunada, ha sido considerada como principio fundamental para la convivencia y una de las bases para la formulación e interpretación de leyes y políticas públicas. Ello no obstante, percibimos que el tema tiene aún muchos pendientes, y que la reflexión es tanto más necesaria cuando nos enteramos de que ocurren hechos como los de días pasados durante la inauguración del Centro de Protección Internacional para Adolescentes en el Camino.

Como se sabe, dicho albergue, en la colonia El Recreo, de la delegación Azcapotzalco, abrió sus puertas recientemente para proporcionar estancia y acompañar a niñas, niños y adolescentes migrantes con destino a Estados Unidos. Sin embargo, su apertura hizo otra vez visible el enorme desconocimiento y la poca sensibilidad de la sociedad en general que dan pie a que se produzcan actos de discriminación y de violencia, como el altercado ocurrido ese día, cuando grupos inconformes llegaron incluso a golpes para manifestar las supuestas consecuencias negativas que el lugar conllevaría para la colonia, según relatan testigos y notas periodísticas. Los argumentos que dichos grupos esgrimían se basan en imaginar ese lugar de acogida a los migrantes como un foco de violencia, asumiendo además que las personas centroamericanas en tránsito por nuestro país traen mañas y peligro a la Ciudad de México.

Llama la atención que esos prejuicios motiven la desaprobación del albergue por parte de vecinas y vecinos de la zona, que incluso han reunido firmas con la intención de solicitar que sea cerrado, y los jóvenes regresados a su país. Este tipo de conflictos es la confirmación en la ciudad de la difícil situación que enfrentan las personas en tránsito, en medio de un sistema de gobierno que no les garantiza el ejercicio pleno de sus derechos. Lo anterior se agrava cuando se generan políticas públicas y distorsiones en medios de comunicación de hechos relacionados con la migración, que tienen su origen en actitudes racistas, políticas y discriminatorias. Ante esto cabe recordar que la Ciudad de México debe ser incluyente, en la que se reconozcan el derecho a la movilidad humana y social, por lo que toda persona pueda transitar por su territorio y decidir libremente su residencia, lugar de trabajo o estancia, sin ser criminalizado e independientemente de su situación migratoria. Para ello las autoridades deben adoptar medidas de todo tipo, que les garanticen entre otras cosas integridad personal, seguridad jurídica y acceso a servicios públicos con enfoque de hospitalidad. Y tampoco hay que olvidar que entre las obligaciones generales de los estados en materia de derechos humanos se encuentra protegerlos contra vulnerabilidades que lleven a cabo terceros, particulares o colectividades.

Este tipo de situaciones muestra también que las personas migrantes siguen siendo una población que no sólo encara el riesgo de las fallas y lagunas de un sistema jurídico mexicano que muchas veces no los protege y de una política gubernamental que los criminaliza, sino además el rechazo de sectores de la población civil, lo que aumenta su vulnerabilidad y la proliferación de actos que a todas luces son discriminatorios, por la pertenencia a grupos de diversas identidades culturales, por el color de la piel, el sexo, el origen nacional o la condición de pobreza. La problemática es compleja, ya que se corre el riesgo de multiplicar este tipo de discursos xenófobos y abiertamente antimigrantes, como los que se escuchan en el marco de las elecciones en Estado Unidos.

Es contradictorio que mientras desde nuestro país se condenan expresiones xenófobas en el vecino, simultáneamente quedan casi desapercibidas en nuestra sociedad acciones con las mismas motivaciones discriminatorias y de rechazo a la diferencia. Ante esto es preciso reconocer que la diversidad sociocultural enriquece a nuestro país, y que la misma Ciudad de México es el resultado de la interculturalidad sustentada en las identidades de los pueblos originarios que la habitan, de las personas que desde diferentes puntos del país la hemos poblado, y de las personas que con diferentes orígenes, lenguas, nacionalidades y creencias han conformado una población, cuya identidad debe ser la diversidad y el reconocimiento de los otros. De esa forma es como debe ser reconocido y respaldado institucional y socialmente el trabajo de las personas que defienden y dan atención a las y los migrantes; no atacado y rechazado, como ha ocurrido con el albergue inaugurado en Azcapotzalco.

En la labor de defensa de los derechos humanos es necesaria la participación activa de las autoridades para proteger también los derechos de quienes se organizan para acompañar a migrantes o a cualquier otro grupo de atención prioritaria. Los gobiernos, en sus diferentes niveles, deben cumplir con sus obligaciones de respeto, protección, promoción y garantía de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, colaborando en la implementación de una cultura basada en el respeto de los derechos humanos, mediante la implementación de leyes, políticas, programas y acciones que reconozcan la dignidad de todas las personas.