Al cumplirse dos años de la mayor tragedia ambiental de la historia del país, ocurrida en la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, con el derrame de millones de litros de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, a la fecha siguen contaminados estos afluentes, las presas y los medios de subsistencia de esta población. Empero, lo más grave es que avanzan los daños en la salud de los habitantes.

Sin embargo, autoridades, los gobiernos federal y estatal y Grupo México han ignorado las denuncias penales emprendidas contra el consorcio por el Sindicato Nacional de Mineros y su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia.

La organización precisó que los destrozos a la naturaleza en esa región son evidentes; los habitantes –sobre todo niños y mujeres– siguen presentando padecimientos y enfermedades relacionados con el uso del agua contaminada; se acabó con la economía y el sustento de familias enteras y los afluentes quedaron inservibles. Son más de 200 kilómetros de cuencas afectados en los municipios de Cananea, Arizpe, Ures, San Felipe, Banámichi, Baviócara y Hermosillo.

Sostuvo que luego de que el 6 de agosto de 2014 la mina Buenavista del Cobre –llamada así por Grupo México, suplantando el nombre original de Minera de Cananea– derramó 40 millones de litros de ácido sulfúrico, tóxicos y metales pesados en los ríos señalados, Gómez Urrutia y el Sindicato Nacional de Mineros que dirige fueron los primeros en presentar una firme denuncia penal contra Grupo México, por negligencia criminal.

Agregó que la querella está asentada en el expediente A.P.1364/UEIDAPLE/DA/23/14 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente de la Procuraduría General de la República.

No obstante, la demanda sigue detenida y en su informe oficial de 2015 a la Bolsa Mexicana de Valores declaró que el siniestro está superado, lo cual es absolutamente falso.

Asimismo, quiso desligarse de la tragedia y acusó a una empresa subcontratada del derrame y llegó a culpar a las lluvias. Sin embargo, la Constitución señala que el patrón es responsable de los accidentes lesivos que la empresa subcontratada provoque.

En el país se vive en el reino de la impunidad para los grandes patrones y a dos años aún no hay responsables, expuso el sindicato minero. Señaló que por ello no son creíbles los programas de lucha contra la corrupción y la impunidad, máxime que sigue sin castigo el crimen industrial de Grupo México en Pasta de Conchos, donde se ha negado a recuperar los cuerpos de los mineros.

Demandó que se realice con urgencia una investigación a fondo de los daños ecológicos y ambientales en Sonora, a cargo de especialistas independientes e imparciales que sólo obedezcan las leyes y no a los patrones; se castigue a los responsables por negligencia patronal y homicidio industrial, y se lleve a cabo la remediación a fondo de la contaminación de los ríos dañados.

También, que especialistas independientes e imparciales realicen inspecciones en todas las minas del Grupo México; la reparación de los daños ambientales y ecológicos a la población y a sus medios de subsistencia, y tomar medidas preventivas para cuidar la salud de las personas contaminadas, sobre todo las amenazadas por enfermedades graves.

Recordó que el 24 de septiembre de 2014 la Comisión Nacional del Agua declaró que el río Sonora registra concentraciones de arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio por encima de los límites máximos establecidos en la norma oficial NOM-127-SSA1-1994.