El Partido del Trabajo (PT) consideró que la detención del edil de Álvaro Obregón, Michoacán, Juan Carlos Arreygue, quien presuntamente está vinculado con el homicidio de 10 personas que aparecieron calcinadas en Cuitzeo, es una cortina de humo para ocultar la disputa (del crimen organizado) por el control del estado.

La dirigencia nacional petista cuestionó en conferencia de prensa al gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, por utilizar el caso para golpear políticamente al partido.

Criticaron que el mandatario diga que conocía los antecedentes del munícipe desde que era precandidato a la alcaldía, pero en lugar de solicitar la intervención de las autoridades, lo acompañó en actos de campaña y “llevó a (Enrique) Peña Nieto a Álvaro Obregón.

¿Cómo participan en actos políticos y de Estado, en la presencia del propio presidente de la República, a sabiendas de que es una persona con antecedentes delincuenciales?, cuestionó Alberto Anaya, líder del PT.

Anaya recordó que en muchas partes del país “estamos viviendo verdaderos narcoestados, la infiltración del crimen organizado en los poderes municipales, en los congresos locales y en un momento dado, el federal”.

Por ello, demandó una investigación exhaustiva, que se deslinden responsabilidades y se llegue a las últimas consecuencias, no importando qué nivel de autoridad esté involucrado, ya sea municipal, estatal o federal. Sostuvo que las agresiones de que son objeto, sin mediar comprobación de ninguna especie, por parte del gobernador Aureoles son inadecuadas, desafortunadas.

En tanto, los comisionados políticos Pedro Vázquez y Reginaldo Sandoval expusieron que el PT no amparará ni protegerá a ningún delincuente, pero exigimos que se lleve a cabo una investigación apegada a derecho en este caso.

Tras los cuestionamientos de Silvano Aureoles al partido por haber llevado a Arreygue a la presidencia municipal de Álvaro Obregón, aseguraron que el inculpado pasó los controles de confianza del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, de las procuradurías General de la República y estatal, además de que presentó cartas de antecedentes no penales, por lo que su candidatura fue legal.