El Estado ha incumplido la obligación de garantizar el acceso a la educación de los hijos de las familias de jornaleros agrícolas migrantes. Se calcula que entre 279 mil y 326 mil menores pertenecen a ese sector, y de ellos, sólo entre 14 y 17 por ciento asisten a la escuela, lo que acentúa la situación de exclusión y vulnerabilidad que viven.

Así lo expresaron los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), al presentar una serie de directrices que tienen el fin de que la educación básica llegue a muchos más niños y adolescentes de esas familias.

En conferencia, la presidenta consejera del INEE, Sylvia Schmelkes, lamentó que lejos de inyectar mayores recursos para llevar la enseñanza a ese sector, en los cuatro años pasados el presupuesto se redujera más de 50 por ciento: de mil 365 millones de pesos en 2013 a 596 millones en 2015; en esta cifra también se incluyen otros sectores vulnerables.

Debido a la movilidad en territorio mexicano de sus familias, y a que muchas veces los propios niños se ven orillados a trabajar en el campo, enfrentan complicaciones para mantenerse en la escuela y mucho más para concluirla.

Escolaridad menor a cinco años

Las cifras presentadas por el INEE en las Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes muestran que mientras el promedio de escolaridad general en el país es de 8.1 años, en este sector de migrantes apenas alcanza 4.5 años.

Para corregir esta situación, Schmelkes planteó que en un acto de equidad, el gobierno destine por cada hijo de jornaleros agrícolas migrantes el mismo presupuesto anual que por un niño que asiste a la educación formal. Actualmente cada menor en primaria cuesta en promedio 14 mil 100 pesos al año, mientras por cada hijo de estos trabajadores del campo en movilidad el Estado destina sólo 3 mil 735 pesos.

Además de la reducción presupuestal, los gobiernos federal, estatales y municipales –agrega el reporte– tampoco realizan una planeación adecuada y coordinada de servicio educativo para este sector, no desarrollan encuestas ni estudios que permitan saber con precisión quiénes son los hijos de estos jornaleros, cuántos son y dónde están.

Aunado a ello, sus maestros enfrentan malas condiciones laborales, su desarrollo profesional no es adecuado y no forman parte de la planta docente nacional; los planes y programas de estudio no consideran las condiciones y características específicas de este sector; los materiales y libros no son los que se requieren y son insuficientes. Asimismo, tampoco se han dedicado recursos para la innovación educativa.

Por ello, el INEE presentó cuatro directrices que tienen por objetivo propiciar que las autoridades de todos los niveles tomen decisiones orientadas a garantizar el derecho de esta población a una educación de calidad.

El objetivo es rediseñar las políticas de atención educativa a partir del fortalecimiento del presupuesto público, los procesos de planeación, la coordinación institucional y la participación social; asegurar la permanencia de un modelo intercultural, así como la disponibilidad, idoneidad y desarrollo profesional del personal con funciones de docencia; desarrollar un sistema unificado de información educativa y adecuar las normas de control escolar, así como fomentar la innovación, la evaluación y la gestión social de proyectos.

Estas directrices tienen a su vez varias recomendaciones específicas que pueden consultarse junto con el reporte completo, en el portal oficial del instituto.

Las autoridades educativas tendrán 60 días naturales a partir de ayer para responder si aceptan dichos lineamientos y comenzar a definir cómo los integrarán en su planeación.