El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) resolvió no dar a conocer los nombres de las víctimas que esperan que el Estado mexicano les cubra reparación de daños; tampoco los de familiares de víctimas que han recibido indemnizaciones y de quienes no han recibido compensación por violaciones a los derechos humanos.

En la sesión de ayer, el comisionado Francisco Javier Acuña complementó un segundo proyecto de resolución a fin de clasificar los nombres de las personas involucradas en estas indemnizaciones con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18, fracción segunda de la ley (de transparencia).

El proyecto fue aprobado por seis votos contra uno.

La decisión se tomó al analizar el expediente RDA- 2191/16, que solicita información a la Secretaría de Gobernación acerca de la forma en que se calculó la indemnización por la desaparición forzada de un adolescente, perpetrada en abril de 1977 por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).