El problema en materia de seguridad para las autoridades municipales comienza –y persiste– con la escasez de recursos económicos destinados a prevenir la violencia, lograr el desarrollo policial y combatir el crimen.

También hay una endeble protección personal para los alcaldes. No se compara con los esquemas de protección que tienen los gobernadores, advirtieron fuentes de la Conferencia Nacional de Municipios de México, instancia en la que participan ediles surgidos de todos los partidos políticos.

Trescientos municipios, 12.2 por ciento de los 2 mil 457 que hay en el país, están incluidos en uno de los principales programas federales de fortalecimiento de la seguridad pública local.

El plan denominado Fortaseg –operado por la Secretaría de Gobernación (SG)– tiene como fin apuntalar la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana; administrar la información para la seguridad pública; desarrollo y operación policial; especialización y coordinación para la seguridad y persecución de los delitos, y gestionar capacidades para la aplicación de la ley penal.

Si bien los beneficiarios del Fortaseg son los municipios más poblados del país, integrantes de esta conferencia consideraron que muchas alcaldías y sus titulares están desprotegidos y, por tanto, sin elementos para hacer frente al crimen.

El martes pasado, el presidente de esta agrupación de municipios, Isidro López (alcalde de Saltillo, Coahuila), pidió una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para elaborar un protocolo de seguridad para los ediles, luego de que tan sólo en las semanas recientes fueron asesinados tres. Requerimos las garantías mínimas, incluidas las de seguridad, resaltó.

También ese día, dirigentes del PRD se reunieron con el titular de la SG, quien se comprometió a instalar una mesa de coordinación municipal para hallar soluciones a este problema.

Aunque los montos destinados para la recuperación y desarrollo de entidades y municipios en materia de seguridad son programas prioritarios, los recursos no son suficientes, insistieron.

Para este año, el Fortaseg tiene un presupuesto de 5 mil 952.7 millones de pesos; los criterios para la elegibilidad de los 300 beneficiarios son: tamaño de población, incidencia delictiva y disminución de delitos; estado de fuerza y características municipales.

Los 300 beneficiarios representan 68.8 por ciento de la población nacional y, acorde con el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, 91.3 por ciento de la incidencia delictiva de alto impacto ocurre ahí.

Indicó que este año se agregaron 42 municipios a la lista de beneficiarios y 242 recibieron más recursos.

Las fuentes consultadas dijeron que adicional al asunto de los recursos persiste la presión de los contratistas (moches) para la asignación de obras públicas, lo cual propicia corrupción y afecta el desarrollo.