Los seis integrantes del grupo que mantiene ocupado el auditorio Che Guevara de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detenidos el domingo por presuntos daños a las instalaciones de la casa de estudios, obtuvieron ayer su libertad porque no se les pudo acreditar el ilícito.

En los años recientes, la UNAM ha presentado al menos cinco denuncias penales ante las autoridades por actos de violencia relacionados con la ocupación del auditorio desde hace casi 16 años por diversos colectivos sociales y estudiantiles. A aquéllas se suman tres querellas (por sucesos en el CCH Naucalpan y las tomas de la dirección general del CCH y de la torre de rectoría) contra varias de las personas que mantienen la ocupación, como José Luis Ramírez Alcántara, conocido como El Chómpiras. Hasta ahora no hay ningún consignado por esos hechos.

La Procuraduría General de la República (PGR) concedió la libertad bajo reservas de ley a una mujer y cinco hombres, miembros del autodenominado Okupa Che, que permanecieron más de 24 horas en la subdelegación de la dependencia en Azcapotzalco. Oficialmente el Ministerio Público Federal no ha dado a conocer los cargos que se les imputan ni sus nombres, a fin de no incurrir en violaciones al debido proceso.

Aunque fuentes judiciales revelaron que se les sigue proceso por daños en propiedad en pandilla (por la presunta destrucción de varios vehículos de vigilancia de la UNAM), se decretó la libertad porque no se logró acreditar el delito, pues a la PGR se le acabó el plazo (que vencía a las 15:30 horas de ayer) para recibir un dictamen pericial que se había solicitado.

Agregaron que los elementos de vigilancia de la UNAM –quienes detuvieron a los seis jóvenes– debieron entregarlos directamente a agentes federales y no a policías de la Ciudad de México, lo que retrasó el proceso, pues fueron remitidos al Ministerio Público local, que se declaró incompetente y los envió a la instancia correspondiente del ámbito federal.

Eso dio poco tiempo a la PGR para integrar la averiguación previa. Aun cuando se hubiera creado el expediente, los jóvenes habrían sido liberados gracias al nuevo sistema de justicia, pues bastaría con el pago del monto en que se valúan los daños, que es de 40 mil pesos.