Dirigentes empresariales de los sectores comercio, servicios y turismo exigieron ayer a los partidos políticos con representación en el Congreso asumir en conjunto el ‘‘costo político’’ que conllevaría poner fin a las movilizaciones magisteriales en las entidades federativas más afectadas por esas protestas.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) interpuso una demanda de amparo frente a las ‘‘omisiones’’ del Estado mexicano, por no haber garantizado los derechos individuales durante las marchas y bloqueos de los maestros.

El diálogo entre la Secretaría de Gobernación (SG) y los líderes del magisterio disidente ‘‘no ha servido de nada’’, dijo este martes Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), quien también habló en representación de los dirigentes hoteleros, restauranteros y de otras actividades relacionadas con estos sectores.

‘‘Excesiva tolerancia’’, dicen

Consideró que los tres niveles de gobierno han sido ‘‘excesivamente tolerantes’’ con los maestros y espera que entre todos los partidos políticos hallen una solución al conflicto; incluso, una salida que no sea el uso de la fuerza pública.

Planteó una mesa de diálogo con los partidos políticos para que analicen ‘‘todas las posibilidades de actuación’’ por parte del Estado para poner fin al conflicto magisterial. La idea es que ‘‘absorban’’ todos el costo político, no sólo el partido en el poder, señaló Solana Sentíes.

Anunció que solicitará al gobierno federal la exención en el pago de varios impuestos empresariales ante la ‘‘inacción’’ de los gobiernos para retirar los bloqueos y las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México, entidades en donde pequeñas y medianas empresas han sido afectadas.

Debido a las pérdidas económicas propuso detener ‘‘de inmediato las acciones violatorias de derechos humanos que realiza la CNTE’’, así como eximir ‘‘de manera inmediata’’ del pago de los impuestos a la nómina y sobre la renta, y los pagos de los derechos del Seguro Social y del Fondo de Vivienda de los Trabajadores.

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana presentó una demanda de amparo ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación por los ‘‘actos y las omisiones de la autoridad federal, de las entidades federativas y municipales, que han violado los derechos fundamentales de los mexicanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de cara a las acciones violentas que en más de 11 semanas ha protagonizado la CNTE’’.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, explicó que el sector privado ha solicitado a las autoridades que intervengan para restablecer la paz en ocho entidades del país afectadas por las movilizaciones del magisterio, pero con particular énfasis en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México, pero ‘‘hasta el día de hoy no ha habido respuesta concreta’’.

De Hoyos Walther dijo que ‘‘el secuestro de la actividad económica es inadmisible en un régimen que debe defender el estado de derecho’’, pero la autoridad ‘‘está faltando a su obligación básica de hacer cumplir la ley’’.

Puntualizó que la Coparmex no busca la ‘‘represión de movimientos sociales cuando son legítimos y respetuosos del contexto social y económico’’ del país, sino que la demanda de amparo es para que el Estado actúe para restablecer la paz y se respeten las garantías constitucionales de libertad económica, de tránsito, de trabajo y de salud.

La demanda, radicada ante el Poder Judicial de la Federación y turnada al juzgado decimoprimero administrativo, a cargo de Agustín Tello, señala como responsables de las omisiones al propio presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como a los gobernadores y autoridades municipales de los sitios afectados por las movilizaciones de la CNTE.