Representantes de las comunidades mayas de Campeche y organizaciones de la entidad, entre ellas Colectivo Apícola de Los Chenes y Ma OGM sin Transgénicos, que obtuvieron la orden judicial para que se lleve a cabo una consulta a fin de determinar si aceptan o rechazan la siembra de soya modificada ante el riesgo de contaminación en la miel, pidieron al juzgado segundo de distrito en la entidad que señale las medidas necesarias para garantizar que dicho proceso se realice adecuadamente.

Denunciaron que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), responsables de la consulta, violentaron las garantías de buena fe y libertad de los indígenas.

Explicaron que en las sesiones de acuerdo previo para la consulta en comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo, del 30 de junio y 1º de julio, los representantes de la Cibiogem y de la CDI permitieron la participación de más de un centenar de agricultores no indígenas que están en favor de la siembra de soya transgénica.

Dicha situación, argumentaron en su exposición al juez Adrián Fernando Novelo, genera presión para las comunidades e implica un riesgo de confrontación; además, es una perversión del proceso de consulta, como documentó en su informe la misión de observación conformada para dar seguimiento a las sesiones.

Puntualizaron que el representante de la Cibiogem –Yuri Peña, coordinador del consejo consultivo de la institución– ha proporcionado información incompleta y sesgada sobre los beneficios de la siembra de soya transgénica, lo que pareciera más una acción de propaganda y no una verdadera labor para que la información sea vasta y suficiente, a fin de entender las consecuencias de la siembra de la soya OGM, requisito indispensable para que los pueblos tomen decisiones libres e informadas.

Además, las citadas reuniones se han llevado a cabo sin la presencia de las autoridades tradicionales mayas ni de la mayoría de los habitantes de las comunidades. Agregaron que en la sesión en la comunidad Vicente Guerrero (Iturbide), municipio de Hopelchén, varios agricultores admitieron que están sembrando la soya transgénica, cuyo cultivo ordenó suspender la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en tanto no concluya la consulta.

Por ello pidieron al juez Novelo que inicie el procedimiento de inejecución de la sentencia, demande a las autoridades encargadas de la consulta las videograbaciones de las reuniones y, en su caso, señale las sanciones a las autoridades encargadas de verificar que no se siembre soya transgénica y que se lleve a cabo el proceso en los términos establecidos por la SCJN.