La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Cristina Díaz presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Víctimas.

En la exposición de motivos argumenta que, siendo la víctima parte fundamental en la procuración y administración de la justicia, ésta deben tener garantizada la plena efectividad de sus derechos en todo momento.

Subraya que las autoridades investigadoras deben tener en cuenta que la falta de atención y seguimiento a las denuncias presentadas conlleva a que los agresores no sean sancionados en los tribunales competentes, generando así impunidad y mayores violaciones a garantías.

Cristina Díaz expresa que ha sido necesario reconocer que las víctimas, en cuanto personas, también son titulares de derechos inalienables que deben ser reconocidos en todo proceso.

En consecuencia, puntualiza, para promover la eficacia del sistema penal resulta indispensable que se ofrezca a los afectados un escenario que genere confianza y seguridad para llevar a cabo las denuncias y motivar la colaboración en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

La legisladora hace notar que el país cuenta actualmente con un marco normativo en materia de víctimas que entró en vigor el 3 de mayo de 2013. Con esa legislación, continuó, se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV; sin embargo, organizaciones civiles, afectados por abusos a sus derechos humanos y delincuentes expusieron a finales de 2015 en el Senado la necesidad de revisar dicha norma.

La mayor insistencia de las organizaciones, señaló Díaz, fue que se revisaran los lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Ello, explicó, debido que la CEAV tuvo en 2015 mil 28 millones de pesos y únicamente pudo gastar 33 millones.

Además, señaló que el registro de víctimas sólo tiene reconocidas a 3 mil 34 personas, de las cuales 88 por ciento son víctimas de delitos y 12 por ciento de violaciones a otros derechos.

La legisladora propone en dicha reforma que los órganos de procuración de justicia provean a las víctimas de delitos de asesoría jurídica gratuita y se les brinde protección, lo cual incluye medidas como la prohibición de que el agresor se acerque o comunique con las víctimas, protección a la intimidad y vigilancia domiciliaria. De igual forma, entre otras, reparación integral de los daños.

En el caso de atropellos a los derechos humanos, las víctimas tendrán derecho al acceso efectivo a la justicia; asistencia diplomática o consular cuando tengan otra nacionalidad, y asegurar las medidas de protección cuando así se haya determinado.