a Habana. Pese ha haber desescalado el conflicto militar al punto de cero histórico, tanto el gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos como la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) tienen serias razones para no concluir con tanta prisa unas negociaciones que han estado marcadas por la falta de confianza entre las partes. Más allá de múltiples obstáculos, el proceso de diálogo parece haber alcanzado su punto de no retorno, y prueba de ello fue la firma de los Acuerdos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad entre el presidente de Colombia y el comandante Timoleón Jiménez, jefe del estado mayor central de las FARC-EP, en esta capital cubana el pasado 23 de junio.

Esos acuerdos, alcanzados gracias al esfuerzo de representantes plenipotenciarios de ambas partes, quedaron plasmados en un documento de generación y valía a la luz del derecho internacional humanitario (que tiene que ver con las reglas de la guerra y no con las leyes ordinarias colombianas), con pleno carácter vinculante para las partes signatarias (el gobierno y la guerrilla). No obstante, faltan aún concretar acuerdos importantes en varios puntos centrales que quedaron relegados para el final, algo que no es menor dado que las negociaciones se han venido llevando a cabo bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.

Durante sendos encuentros en el Hotel Nacional con una delegación de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, los comandantes de las FARC-EP, Iván Márquez, Joaquín Gómez y Jesús Santrich explicaron algunos pormenores de los acuerdos logrados y dieron cuenta de una serie de salvedades o constancias interpuestas por la guerrilla sobre 42 temas que no fueron abordados en la mesa de negociación, debido a la rotunda ne­gativa de la delegación gubernamental a discutir los modelos económico y político que están en las raíces de un conflicto armado interno con 52 años de duración.

Pese a los avances contenidos en la reforma rural integral centrada en el bienestar y el buen vivir recogida en los acuerdos, parte de las salvedades de la guerrilla tienen que ver con su demanda de erradicar el latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso y la necesidad de una redistribución democrática de la propiedad sobre la tierra, así como con poner freno a la extranjerización del territorio colombiano y al extractivismo minero-energético ligado con múltiples conflictos de uso de la tierra.

Según el comandante Santrich, el coeficiente Gini para la concentración de la tenencia de la tierra en Colombia es de 0.87, uno de los más altos del mundo. En 2013, 0.4 por ciento de los propietarios acaparaba 62.6 por ciento de la superficie del país. Además, cerca de 5 millones de hectáreas han sido concesionadas a la minería y existen solicitudes que las extenderían a alrededor de 25 millones de hectáreas, lo que abarcaría un cuarto del total de la extensión geográfica de Colombia, principalmente en las áreas montañosas andinas donde habita 75 por ciento de la población.

Tal situación, según Santrich, tiene que ver con un sostenido proceso de contrarreforma agraria, desterritorialización y descampesinización del medio rural que arrancó en los años 80 del siglo XX, mediante una violencia militar y paramilitar (como expresión armada paraestatal) al servicio de los intereses de la oligarquía feudal y la burguesía, que muchas veces actuó como avanzada para la usurpación y despojo de tierras y el establecimiento de actividades no campesinas como la agroindustria de los monocultivos, la ganadería extensiva y megaproyectos extractivistas minero-energéticos. Un proceso de despojo violento de territorios que dejó un saldo de 200 mil muertos, 60 mil desaparecidos y el desplazamiento interno forzoso de 6.5 millones de personas.

Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, advirtió que el salto a la legalidad en el marco de un Estado terrorista y de una oligarquía y una clase política tramposa y perversa como la colombiana, conlleva el peligro inminente de una nueva guerra sucia contra los guerrilleros que se desmovilicen. Aludió a la rebelión contra un orden social injusto como un derecho universal inalienable y dijo que el Estado colombiano ha sido el responsable directo de la guerra de más de medio siglo, con énfasis en la contrainsurgencia, la doctrina militar del enemigo interno y la seguridad nacional de cuño estadunidense y el paramilitarismo.

Aseveró que no habrá desarme de la guerrilla si antes no hay una amnistía amplia e indultos por el delito político de rebelión y conexos. Aclaró que entre los criterios de exclusión acordados no serán objeto de amnistía ni indulto, entre otros, los delitos de lesa humanidad, el genocidio y las ejecuciones extrajudiciales. Dijo: No habrá un pacto de impunidades. Se pactó una jurisdicción especial para la paz diseñada según los criterios básicos de la justicia transicional y los tratados internacionales, que se aplicará a guerrilleros, militares, empresarios y a quienes financiaron la guerra. Una justicia restaurativa con eje en la víctima y la verdad, diferente a la justicia retributiva, concepción medieval punitiva y carcelaria basada en la venganza.

El comandante del Bloque Sur de las FARC, Joaquín Gómez, jefe de la comisión técnica que negocia con los generales del ejército adscritos a la delegación gubernamental, exhortó al gobierno a cumplir con la hoja de ruta, con base en la integralidad y el paralelismo de parte y parte, y aseguró que el enemigo principal y directo de la guerrilla ha sido Estados Unidos, que se ha valido de tecnología de precisión, con sensores, para matar a líderes rebeldes. Rechazó que se pueda acusar a las FARC de falta de moral o cansancio de guerra y enfatizó que más allá de la posesión o no de las armas, lo más importante es la voluntad de lucha. Y esa voluntad, dijo, sigue intacta.