Agencias de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas en México señalaron que la reforma constitucional en Veracruz que garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción es una regresión que contribuye a la estigmatización de las mujeres e incrementa la discriminación y el riesgo de violencia contra ellas.

En pronunciamiento conjunto, las oficinas en México de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señalaron ayer que el aval del Congreso del estado a la iniciativa del gobernador Javier Duarte conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente, los abortos clandestinos e insalubres y la mortalidad materna.

La restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, afecta gravemente la vida, salud, educación e integridad de las mujeres e impacta su desarrollo y el de sus familias, advirtieron.

La reforma aprobada supone una regresión, contraria al artículo primero de la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por México en el reconocimiento de los derechos humanos, puesto que podría contribuir a la estigmatización de las mujeres que quieran acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como provocar un efecto inhibitorio en los prestadores de dichos servicios, señalaron.

Las instancias de la ONU subrayaron que la reforma es particularmente reprobable, considerando que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU externó en 2012 su preocupación por que las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos.

Además, recordaron, el citado comité expresó que su preocupación se mantenía aun cuando esas enmiendas no hayan modificado los motivos jurídicos ya establecidos para practicar un aborto.

ONU-Mujeres, ONU-DH y UNFPA resaltaron que en la regulación del marco de derechos humanos el gobierno mexicano y todas sus instituciones están obligados constitucionalmente a respetar el Estado laico, que permita el libre desarrollo de la personalidad, favorezca la tolerancia y la convivencia, sin discriminación alguna de las diversas creencias de sus habitantes.