n los procedimientos para elaborar leyes se estipula la obligación de realizar foros de consulta para conocer la opinión de la sociedad. Igual pasa con la elaboración de planes de desarrollo (estatal o municipales) y algunos proyectos específicos de gobierno. El objetivo de estos ejercicios democráticos es que leyes y planes tengan consenso o respaldo de la sociedad y, con ello, sean medidas socialmente legítimas.

Sin embargo, los objetivos y la realidad de las prácticas están divorciados. En los municipios, los foros para los planes de desarrollo se convierten en reuniones de peticiones a las autoridades. Quien termina haciendo el plan es una agencia privada. En el caso de las leyes, se hacen reuniones con interesados del sector del que trate la ley; los interesados generan opiniones un poco más elaboradas porque son afectados por la manera en que opera el aparato gubernamental. Sin embargo, la mayoría de los actores afectados están vinculados con alguna fracción parlamentaria y apoyan o desestiman propuestas ya elaboradas por ciertos legisladores de ciertos partidos. Y después de los foros y síntesis de las participaciones, los coordinadores de las fracciones parlamentarias definen por negociación los términos de los puntos más importantes y así se determina el contenido de las leyes.

El caso específico del modelo educativo tiene ciertas particularidades: está en medio de un conflicto con parte importante del magisterio, y por ello requiere legitimidad. Como antecedente están los foros de la reforma educativa, que terminaron siendo voces muertas y se estructuró el contenido de las reformas como la fracción del Partido Revolucionario Institucional la tenía prevista desde el inicio. Ahora se presenta el modelo educativo, con el que se pretende eliminar el hecho de que es sólo una reforma de aspectos laborales. Aparte de una estrategia propagandística del gobierno, esa consulta ofrece pocas esperanzas: humo insustancial.