Buenos Aires.

Los diputados nacionales del opositor Frente para la Victoria Héctor Recalde, Teresa García y Carolina Gaillard presentaron este miércoles a la justicia un amparo de alcance colectivo para que se declare la nulidad de la resolución que dispuso la transferencia de la base de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación por graves violaciones a la Constitución.

De acuerdo a los legisladores esta resolución viola el derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como la ley de protección de datos personales, que establece que éstos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención, y además se altera la intimidad del ciudadano que no brindó esta información para ser molestado o importunado por el Estado.

También los diputados nacional del FpV–Partido Justicialista, Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade denunciaron penalmente al jefe de gabinete, Marcos Peña, por haber firmado la resolución de transferir la base de datos de la Anses, imputándole los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, y violación de secretos y de la privacidad.

Junto a Peña fueron denunciados el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Comunicación Pública de la Nación, Jorge Greco; y otros funcionarios. Señalan los legisladores que se pueden utilizar ilegalmente los datos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones manipulación de la opinión pública. Varios amparos se han planteado en otras sedes judiciales.

Por su parte, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que el uso de la base de datos de la Anses le servirá al gobierno de su sucesor, el derechista Mauricio Macri, para poder vigilar y controlar a la población, y advirtió sobre la aplicación de un Estado policial.

En un tuit, la ex mandataria instó a los legisladores de la oposición a mirar con mucha atención la modificación del funcionamiento de los organismos de seguridad e inteligencia y el proyecto oficial de reforma electoral.

Recordó que con datos de Anses y un buen software se puede elaborar una plataforma de metadatos que permitan conocer tus costumbres... Tus gustos, contactos, inclinaciones, actividades etc. No sólo van a saber todo lo que haces. Te van a vigilar y controlar, y alertó que el acceso a la base de datos de la Anses representa una verdadera fortuna, en términos económicos para las empresas.

Fernández de Kirchner denuncia feroz persecución

Además Fernández de Kirchner tuiteó el martes que el gobierno está detrás del plan para que se reabra la denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentó antes de morir (lo que ocurrió el 18 de enero de 2015) contra su gestión por supuesto encubrimiento a Irán en la causa del atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA), sucedido en julio de 1994.

Al señalar la feroz persecución judicial en su contra, la ex mandataria sostuvo que esta doble estrategia judicial revelada por el oficialista diario La Nación busca encubrir responsabilidades, desviar investigaciones y destruir y/o plantar pruebas en la causa por el atentado a la AMIA y advierte que por eso a 22 años de la voladura de la AMIA aun no hay un solo condenado. El juez y los fiscales originales de la causa están procesados por encubrimiento, junto a otros funcionarios del entonces gobierno nacional, recordó.

En referencia a esta situación el analista Raúl Kollman denunció en Página 12 que la firme alianza que existe entre la Delegación de Asociaciones Israelitas-Argentinas (DAIA) y el sector de la justicia que responde al macrismo puso en marcha durante el fin de semana una operación mediática para instalar que se reabrirá la causa por la denuncia que hizo Alberto Nisman (contra la ex presidenta) pocos días antes de morir. La DAIA se presenta como parte damnificada, es decir como querellante, aunque en su momento el juez Daniel Rafecas, en un fallo confirmado por la Cámara Federal, dijo que no existía ningún delito en la denuncia de Nisman.

También el fiscal anti-kirchnerista Germán Moldes se presentará ante la Sala I de la Cámara Federal para solicitar a los camaristas que revean su fallo del año pasado en el que convalidaron la decisión de Rafecas de archivar el expediente.

Es evidente una nueva forma de presión política, ya que no sólo el juez Rafecas señaló la inexistencia de delito del que Nisman acusaba a la mandataria sino que la juez María Servini de Cubría consideró que el caso no debía tratarse en la feria judicial porque Nisman no aportó pruebas. Lo mismo sostuvo el juez Ariel Lijo y también su colega Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa AMIA, advirtió que la denuncia no tenía entidad probatoria y que fue hecha a espaldas de cualquier juez, como señala Kollman.

Esta nueva campaña contra Fernández de Kirchner se produce después de que el juez Claudio Bonadío, que lleva un récord de causas abiertas contra la ex mandataria admitió públicamente dificultades legales para ordenar una prisión preventiva contra la ex mandataria ya que esto sólo puede resolverse en función de las pruebas que se juntan, de los delitos que se imputan y de las actitudes de las partes.

Y nada de esto surge de la causa por la venta de dólares a futuro, que desde un primer momento quiso ser utilizada contra la ex presidenta, a pesar de que esa acción corresponde al Banco Central que tiene autonomía en estas medidas.

Para diversos analistas el gobierno intenta distraer con estos juegos judiciales a la población que está reaccionando cada vez más activamente contra las medidas del gobierno. El hecho de que las movilizaciones llevaran a la justicia a intervenir frenando los tarifazos, aumentos de tarifas impagables, y que hoy una jueza impidiera el aumento del metro en un 64 por ciento, en medio de una ola de incrementos en alimentos y despidos preocupa al gobierno.

Marchas y bloqueos

Este miércoles organizaciones sociales encabezadas por Barrios de Pie iniciaron 48 horas de cortes y marchas, saliendo del obelisco, para caminar hacia el sur, parando por diversos municipios hasta llegar a La Plata capital de la provincia de Buenos Aires, mientras se prepara un nuevo ruidazo y una serie de paros en todo el país, lo que evidencia un malestar social indetenible.

Los organismos sociales y sindicales advierten que ya hay casi 300 mil despidos y miles de suspensiones de trabajadores. En esta capital en 30 barrios los vecinos protestan alrededor de grandes fogatas por los cortes de luz, de agua, los tarifazos y los incrementos en alimentos en una inflación galopante. Desde diversos sectores se denuncia el uso de sectores judiaciales, para encubrir la gravedad de la situación que vive el país y está castigando duramente en el interior del país.