Existe el riesgo de que no se concrete el mecanismo especial de seguimiento del caso Iguala durante las reuniones que sostendrán los representantes del gobierno mexicano y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los cuatro encuentros de negociación entre las partes, realizados en semanas recientes, han sido insuficientes para llegar a un acuerdo sobre los ocho puntos que deberá contener dicho esquema.

Las divergencias en tres asuntos –número de integrantes del equipo técnico de seguimiento, la cantidad de visitas que los comisionados podrán realizar a México y los temas a tratar en cada una de éstas– han sido consideradas irreductibles por los familiares y sus representantes. Es decir, sin ellos de poco valdría el instrumento especial de seguimiento.

Hoy, en la sede de la CIDH, las partes se reunirán por separado con el pleno de los integrantes de la comisión; mañana lo harán en conjunto, y el viernes el organismo regional dará a conocer su determinación. Todas las sesiones son privadas.

Resistencia del gobierno

Durante las negociaciones que han sostenido en el país, los padres han denunciado la resistencia de los representantes gubernamentales para aceptar los elementos indispensables planteados por la CIDH a dicho mecanismo.

Por ejemplo, en el tema de los integrantes del equipo técnico que auxiliaría a la comisión especial de seguimiento, los padres han planteado que la ideal serían al menos cinco integrantes: dos de ellos dedicados al expediente, uno a la búsqueda, otro a la atención de más víctimas y el último a coordinar la relación con las autoridades gubernamentales. Pero el gobierno pretende que sean sólo dos, con visitas restringidas a México.

De esta forma, en caso de que la partes no lleguen a convenio durante las dos sesiones previas, será la Comisión Interamericana la que tendrá la última decisión, aunque difícilmente propondrá un elemento en el que no esté de acuerdo la parte gubernamental.

En ese caso, si dicha propuesta no incluye los tres elementos irreductibles, los padres y representantes legales podrían rechazar el mismo viernes, en la sesión de la CIDH, dicho mecanismo. Esta opción es poco probable, pero el riesgo está presente.