Informes de la Asociación de Autoridades Locales de México AC (Aalmac) refieren que ocho de cada diez asesinatos de alcaldes han ocurrido en “poblaciones de menos de 50 mil habitantes, altos índices de marginación, poblados serranos, apartados e incomunicados donde las fuerzas federales no llegan y se resiente más la pugna entre los cárteles”.

El organismo tiene un registro de 47 presidentes municipales desde 2003 que han sido víctimas de la violencia y al menos 41 casos de funcionarios municipales que también han perdido la vida.

La Aalmac, dirigida por Antonio Mendoza Romero (PT/Convergencia), alcalde de Chiautempan, Tlaxcala, ha demandado el esclarecimiento de los asesinatos de los alcaldes y la creación de una estrategia para detener las agresiones a manos de la delincuencia organizada.

La organización exigió tras los asesinatos de los alcaldes de San Juan Chamula, Chiapas, y de Pungarabato, Guerrero, alto a esta ola de violencia en contra de quienes formamos parte de las administraciones municipales, pues en los pasados diez años han sido el orden de gobierno más lastimado por esta violencia desbordada que azota el país, lo que ha ocasionado aumento de la ingobernabilidad en varios estados de la República.

En un pronunciamiento, la Aalmac sostuvo que es urgente que se atienda el clamor de las autoridades municipales, quienes hemos solicitado recurrentemente por más de tres años al gobierno de Enrique Peña Nieto, establecer y acordar con nosotros una agenda de seguridad para autoridades municipales, que reconozca que no contamos con recursos ni garantías de primer nivel a nuestra disposición, como sí la gozan los funcionarios federales o estatales y que por nuestras limitadas herramientas, somos el eslabón más débil y más vulnerable del gobierno mexicano.

Los asesinatos de alcaldes en 2016 comenzaron en enero, con el homicidio de Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, Morelos; en abril fue ejecutado el edil de Jilotzingo, estado de México, Juan Antonio Mayén; y luego Domingo López González, de San Juan Chamula, Chiapas, y Ambrosio Soto Duarte, de Pungarabato, Guerrero.

Además fueron privados de la vida cuatro ex presidentes municipales, nueve ex regidores, más de 10 funcionarios responsables de seguridad, tesorería y obras.