Cancún, QR.

En sesión extraordinaria, los diputados locales derogaron el decreto de creación del Tribunal de Justicia Administrativa. Así, los nombramientos de Minerva Maribel Moreno Cruz, César Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar como magistrados, a propuesta del gobernador Roberto Borge Angulo, quedaron sin efecto.

El pasado 25 de junio la mayoría priísta aprobó dichas designaciones a puerta cerrada en los hoteles Royalton Riviera Cancún y Great Parnassus.

Esa iniciativa era parte del llamado paquete de impunidad avalado por los diputados para, según juristas y opositores al Partido Revolucionario Institucional, proteger a Borge Angulo cuando deje el cargo, a finales de septiembre.

Sin embargo, el 11 de julio la Procuraduría General de la República interpuso controversias constitucionales contra los gobiernos y congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua porque las reformas aprobadas en esas entidades podrían poner en riesgo la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción.

En la sesión de ayer no se discutió el nombramiento de Javier Félix Zetina González –primo del ex gobernador Félix Arturo González Canto– como auditor superior estatal ni la asignación de escoltas para Roberto Borge y su familia por 15 años después del término de su encargo.

La diputada panista Trinidad García Argüelles calificó de incongruente que no se haya revocado el nombramiento del fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera, pieza clave del blindaje al gobernador.

La mayoría priísta aprobó por la vía rápida las cuentas públicas de 11 organismos paraestatales, entre ellos los institutos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para Desarrollo y Financiamiento, del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública y de desarrollo administrativo e innovación del municipio de Benito Juárez.

Al termino de la reunión, el Comité Ciudadano de Quintana Roo entregó a cada unos de los 24 legisladores una petición respaldada por 2 mil firmas para revocar la aprobación de dichos decretos. A la par, abogados de Cancún y Riviera Maya interpusieron 14 amparos contra esas medidas.

Luis Esquiel Orozco, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo y vocero de los litigantes, dio a conocer que se ganó una suspensión contra la reciente entrega de 35 notarías que repartió el mandatario.

(Con información de Patricia Vázquez corresponsal)