México ocupa uno de los últimos lugares en América Latina en proporcionar acceso a seguridad social a las trabajadoras del hogar, y aunque legalmente tienen derecho al salario mínimo, aún se permite el pago en especie, el cual representa entre 20 y 60 por ciento de sus ingresos, asentó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe Políticas de formalización del trabajo doméstico.

En el país, igual que en El Salvador, Guatemala y Honduras, la seguridad social es voluntaria y se tiende a reconocer menores prestaciones para quienes realizan trabajo doméstico. “(...) prevalecen los mayores rezagos, al no habilitar esquemas que respondan adecuadamente a los tipos de jornada –tiempo parcial o completo–, cantidad de empleadores, con retiro o sin él de la casa donde labora. Las posibilidades de acceder al seguro social son muy limitadas”.

Respecto de la jornada laboral, la OIT expuso que en México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador y República Dominicana prevalecen rezagos jurídicos importantes, pues sólo se fijan descansos mínimos.

En la mayoría de los países de la región se reconoce el derecho de tener, al menos, un día a la semana; en México día y medio, en tanto que el periodo vacacional es de seis, mientras en Brasil y Panamá son 30 días.

En su estudio, la OIT también llamó la atención sobre la falta de vínculo entre la legislación migratoria y la laboral, a pesar de la estrecha articulación que existe entre el trabajo doméstico y las migraciones, lo que se evidencia en las cadenas globales de cuidados.

La mayoría de los países permite que los contratos se lleven a cabo de manera verbal, a pesar de que las leyes migratorias exigen un contrato escrito para que las personas puedan gestionar un permiso laboral y regularizar su situación, por ejemplo.

Respecto del derecho a la libertad sindical, de asociación y a la negociación colectiva, esenciales para quienes se ocupan en la economía formal, el organismo internacional indicó que las trabajadoras del hogar están amparadas por estos principios, pero en muchos países no se ajustan a las especificidades del sector y no brindan la protección necesaria para hacerlos realidad.

A los países que, como México, no han firmado el convenio 189, la OIT les recomendó revisar toda la normativa laboral para eliminar todos los elementos que discriminan a las personas que realizan trabajos domésticos y la actualicen de acuerdo con los estándares del citado documento.

Destacó que las reformas legales no logran mejorar las condiciones y formalizar el trabajo doméstico por sí mismas. Es necesario acompañar la actualización de la normativa de políticas públicas activas para la promoción de la formalización del trabajo doméstico.

En el país, 2.3 millones de personas se dedican a dicha actividad; la mayoría integraron el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores del Hogar, pero no han logrado que el gobierno federal ratifique el convenio 189 de la OIT que regula los derechos de dicho tipo de empleo, al cual se han adherido 22 países.