l notificado asesinato de Ambrosio Soto Duarte (llamado Bocho), presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, muestra la virtual disolución fáctica de una parte estratégica de los poderes municipales del país, en el contexto del crimen organizado, hoy tan dominante a base de sangre y fuego.

Pungarabato es un pequeño municipio de Tierra Caliente (en el censo de 2010 se le reconocían 25 mil 168 habitantes), cuya cabecera es Ciudad Altamirano (llamada así, a partir de 1936, en honor del literato Ignacio Manuel, del apellido citado, nacido en Tixtla; cambio de nombre que aún suscita protestas entre los muchos que desean conservar la denominación original). Soto Duarte había sido diputado local de 1999 a 2002 y presidente municipal de 2002 a 2005, en ambos casos en nombre del PRI. Ahora había vuelto a presidir el ayuntamiento, pero en nombre del Partido de la Revolución Democrática, al que se había afiliado en 2004, aún al frente de la administración que había ganado como priísta. Su adscripción en el sol azteca fue en la corriente Nueva Izquierda, de los chuchos, en específico con la vertiente local encabezada por Beatriz Mojica, actual secretaria general nacional del PRD.

Soto Duarte había sido amenazado de muerte por Rodolfo Maldonado Bustos o José Pineda o JP, nombres y siglas utilizadas por un supuesto dirigente de una derivación de Los caballeros templarios (el jefe regional es Gregorio Abeja Linares, El güero), quien aseguró que el presidente municipal de Pungarabato había traicionado un pacto de financiamiento para su campaña electoral a cambio de favores, protección e incluso el pago de 3 millones de pesos mensuales a la organización criminal. Tú estás en la presidencia por mí y que eso no se te olvide, porque si se te olvida, yo te lo puedo recordar, dijo una voz trucada al dar lectura en un video al texto de las exigencias de los presuntos templarios. Según eso, el 7 de junio del año pasado el cártel en mención se dedicó a comprar votos y a amedrentar a los adversarios.

Esas amenazas fueron hechas del conocimiento de autoridades estatales (el gobernador Héctor Astudillo) y federales (Renato Sales, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros) en demanda de protección para el presidente Soto Duarte, quien habló de chantaje. Un primo suyo fue asesinado y las advertencias mortales se intensificaron. Le asignaron policías federales, estatales y municipales como escoltas. Hasta que este sábado por la noche, de regreso de Huetamo, Michoacán, en los linderos entre esta entidad y Guerrero, fue ejecutado, al igual que otros de sus acompañantes, quedando heridos un par de policías federales.

A reserva de que se precisen los móviles de estos asesinatos y la veracidad o no de los presuntos acuerdos, lo cierto es que la gran mayoría de las autoridades municipales del país están inermes ante las amenazas, presiones y extorsiones de grupos del crimen organizado. Gran parte de los cuerpos policiacos municipales del país están a sueldo de esos cárteles y los jefes formales de las policías municipales suelen ser colocados en el cargo en pago por los financiamientos electorales oscuros, o son designados por mandos militares que recomiendan a colegas que obedecen a sus patrocinadores castrenses (y a los arreglos específicos que con ellos se hubieran dado) y no al mando civil electo.

SEPELIO DEL EDIL DE CHAMULA. El cortejo fúnebre del alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González, en Yitic, su pueblo natal, perteneciente a ese municipio. Los dolientes hicieron varias paradas para dar a beber agua, en forma simbólica, al fallecidoFoto Moysés Zúniga Santiago

El círculo pernicioso de la actividad electoral mexicana obliga a los aspirantes a las presidencias a conseguir financiamientos en efectivo, no fiscalizados, que suelen ser aportados por las expresiones locales del crimen organizado. Una parte normalmente queda en poder del candidato y su camarilla y otra se ejerce como gasto electoral sin comprobación, pero así quedan comprometidas ciertas carteras (la de policía o seguridad pública, como líneas atrás se ha dicho, pero también es frecuente la negociación de la dirección de obras públicas y la tesorería municipal).

En el caso de Pungarabato, el capo de referencia buscaba que Soto Duarte le entregara 3 millones de pesos mensuales provenientes del ramo 33, que son las aportaciones federales a los estados y municipios para atender los rubros de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social, e infraestructura educativa. Quitarle a un municipio un alto porcentaje de esas transferencias federales para entregarlas a un cártel equivale a quitarle la posibilidad de atender las demandas centrales de la comunidad, a simular la entrega de obras y servicios y a pasar el trienio tratando de esquivar o posponer las protestas de la población insatisfecha.

En ese contexto, el gobernador de Guerrero, el priísta Héctor Astudillo, no ha podido remontar la histórica precariedad de quienes se sientan en la silla de mando de esa entidad, siempre caracterizada por la violencia, sobre todo la política. Peor ha sido la circunstancia con la herencia que le dejaron Ángel Aguirre y el interino Rogelio Ortega, y con el caso irresuelto de los normalistas de Ayotzinapa como oscuro telón de fondo.

Además de sus constantes yerros operativos, Astudillo ha resultado un declarante que atenta contra su propio interés. El pasado 17, por ejemplo, con ánimo de explicar que las bandas delictivas no traen conflicto con el turismo, sino entre ellos, añadió: Por eso ustedes observan que la mayoría de las bajas de los asesinatos dolosos recaen en muchas personas que no son, diríamos, personas que se conozca que andaban de turistas o personas que sencillamente sean muy conocidas.

A esas palabras, que sonaron elitistas, discriminatorias, el mandatario guerrerense añadió una explicación desafortunada respecto de las circunstancias en que fue asesinado el presidente municipal Soto Duarte: Llama la atención que haya realizado el viaje en el que perdió la vida a sabiendas de que había sido reiteradamente amenazado, como él mismo lo señaló, por un grupo delictivo, y que dicho viaje lo haya hecho en horas inconvenientes en una zona de alta peligrosidad. ¡Hasta mañana!

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