San Salvador.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaudió este lunes la resolución de la Corte Suprema de Justicia de El salvador que decretó inconstitucional el pasado día 13 la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, dando así cumplimiento a decisiones adoptadas por el sistema interamericano de derechos humanos de la década de los noventa.

En un comunicado de prensa, la CIDH señaló que desde su adopción el 20 de marzo de 1993, la ley de amnistía se constituyó en un obstáculo insuperable en la búsqueda de justicia para miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares.

Agregó que con la amnistía general la esperanza de paz y justicia se vio ensombrecida. La ley fue proclamada días después de la publicación del informe de la comisión de la verdad que documentó los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares, grupos paramilitares, escuadrones de la muerte y guerrilleros.

La CIDH determinó desde los años noventa que la ley de amnistía de El Salvador era incompatible con las obligaciones internacionales del Estado, debido a que la extensión objetiva y subjetiva de la amnistía es contraria al derecho de protección de los derechos fundamentales... porque impide el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a dichos derechos.

Indicó que la aplicación directa o indirecta de la amnistía en casos conocidos por la CIDH y la Corte Interamericana, como el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, la matanza de El Mozote, la de Las Hojas, la ejecución extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, entre otros, resultaron en la determinación de la responsabilidad del Estado salvadoreño por violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La CIDH sostuvo que toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en la que se cometieron esos crímenes, a fin de que evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.

Afiró que los Estados tiene el deber de investigar seriamente las violaciones de los derechos humanos que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, e imponerles sanciones pertinentes y asegurar a las víctimas una adecuada reparación.

La Iglesia católica salvadoreña señaló que la derogatoria de la amnistía abre la posibilidad de la reconciliación y el fin de la impunidad, pero pidió que se conozca la verdad y que los victimarios pidan perdón.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaró el 13 de julio que la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993 es inconstitucional por ser contraria al derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales. La decisión fue aplaudida por organizaciones de derechos humanos, pero criticada por el gobierno que, en declaraciones del ministro de Defensa, la calificó como un error político pues “creará un clima de inestabilidad.

La guerra civil salvadoreña, que concluyó con la firma de acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, dejó en doce años una estela de 75 mil muertos, unos 7 mil desaparecidos y cuantiosas pérdidas a la economía del país.