A la UE no la escucho
, dice el presidente
Domingo 24 de julio de 2016, p. 16
Estambul.
Turquía extendió este sábado los poderes de la policía, disolvió más de 2 mil instituciones y advirtió a la Unión Europea (UE) que no cederá en su respuesta contra los partidarios de Fethullah Gulen, a quien acusa de organizar el golpe de Estado, frustrado el 15 de julio. Lo que los responsables europeos dicen no me interesa y no los escucho
, dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en una entrevista con la cadena France 24 sobre los reiterados pedidos de la comunidad de respetar el estado de derecho tras la intentona.
Tras tachar a la UE de tendenciosa y prejuiciosa
, reprochó que no se ha permitido a su país unirse al bloque. Hace 53 años que Europa nos tiene esperando en la puerta y no hemos podido aprovechar las oportunidades económicas
, subrayó.
Reiteró su voluntad de restablecer la pena de muerte, medida que perjudicaría el proceso de adhesión a la UE, si su pueblo lo exige y el Parlamento vota en favor. En la democracia la soberanía pertenece al pueblo
, agregó.
Pese a las palabras del gobernante, el jefe del gobierno italiano, Matteo Renzi, reprochó nuevamente que Ankara haya puesto en prisión el futuro del país
, al instaurar el estado de emergencia, el jueves pasado, por vez primera en 15 años.
Según el diario oficial, serán despedidos funcionarios vinculados con Gulen, exiliado en Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad detuvieron ayer a Hails Hanci, en la provincia de Trebisonda, supuesto colaborador de Gulen y responsable de enviarle dinero.
Además, las autoridades cerraron mil 43 establecimientos de enseñanza, 15 universidades, mil 229 asociaciones y fundaciones y 19 sindicatos.
La justicia anunció la liberación de mil 200 soldados, decisión inédita desde el inicio de las purgas tras la asonada, que dejó 270 muertos, entre ellos 24 golpistas.
Entre otras medidas, según cifras de la agencia Anadolu, se han realizado más de 12 mil 500 detenciones desde el intento de golpe. De acuerdo con la misma fuente, 5 mil 600 personas están arrestadas, entre ellas militares, magistrados y policías, pero también profesores y funcionarios.