oy nace una nueva federación de sindicatos de la banca de desarrollo; convocan: Miguel Osorio Mota, María Luisa Velásquez Galicia y José Flores Morales, dirigentes de los sindicatos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera y Banco de Comercio Exterior. Esta nueva organización es fruto de un largo proceso de diálogo y encuentro entre los trabajadores de este sector, decididos a enriquecer la calidad de su representación gremial, juntar esfuerzos y asumir en unidad los retos de la restructuración laboral derivada de la reforma financiera promulgada a principios de 2014, que ha generado preocupación por la amenaza de regresiones laborales, como la segmentación contractual, el deterioro de la bilateralidad en las relaciones de trabajo y la restricción del derecho de sindicalización.

No se trata de una sigla más en el entorno de un sindicalismo desprestigiado y plagado de emblemas y consignas falsas, sino del tránsito a una etapa superior de sindicatos reales que eligen a sus representantes democráticamente, rinden cuentas a sus agremiados y asumen en forma colectiva sus principales decisiones.

Un elemento a destacar de esta nueva organización es que no sólo sustenta propuestas de defensa gremial, sino que ha venido promoviendo el fortalecimiento de la propia banca de desarrollo como un instrumento clave en la política económica para apoyar a los sectores productivos que no atiende la banca comercial, promover empleos en sectores estratégicos y lograr reducir la desigualdad y la pobreza; ésa que se pretende ocultar por el Inegi a partir de un repentino cambio de instrumentos de medición, que tratan de probar, que gracias a la estadística, existen menos pobres en nuestro país.

En otros lugares del mundo la participación del sindicalismo bancario ocupa un lugar destacado en la acción laboral por la propia condición profesional de los trabajadores del sector; sin embargo, en el nuestro, su historia ha sido bastante accidentada. Todavía recordamos el último informe del presidente José López Portillo, cuando en 1982 anunció, con lágrimas, la nacionalización de la banca como una respuesta al saqueo empresarial, señalando que ahora sí, los trabajadores del sector podrían organizarse sindicalmente. Esta aspiración había enfrentado muchos obstáculos interpuestos por el gobierno y los banqueros, que, como suele suceder, advertían de graves riesgos para el país si ese derecho humano fundamental se hiciera efectivo en sus empresas e instituciones.

Concretada la nacionalización, se fue reformando el régimen laboral bancario, dando tumbos, unos días considerados como trabajadores del Estado y otros, como trabajadores comunes. La promesa de libertad sindical se diluyó y de inmediato se promovieron, en la mayoría de los bancos, organizaciones controladas por los patrones, encabezadas incluso por personal de confianza. Finalmente, se creó un régimen laboral especial contenido en una fracción XIII Bis del apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria. Vino luego la privatización, y los trabajadores de la banca comercial regresaron al régimen laboral general, común para todos los trabajadores, quedando la banca pública o de desarrollo sujeta al régimen especial.

A partir de la privatización, miles de trabajadores de la banca comercial sufrieron un saqueo laboral sin límites; fueron despedidos los de mayor antigüedad para que no recibieran su jubilación, a pesar de que el costo de esta prestación fue considerada en la compra-venta de los bancos; se amplió el personal de confianza de 20 por ciento original, a 60 por ciento promedio; se reprimieron los intentos democráticos y se fueron cancelando las prestaciones históricas de servicio médico, préstamos hipotecarios y jubilación, hasta llegar a nuestros días en que la casi totalidad de los trabajadores no son reconocidos como tales por los bancos privados, puesto que pertenecen a empresas outsourcing, creadas artificialmente por las propias instituciones bancarias para soslayar su responsabilidad laboral, a pesar de que el Poder Judicial Federal ha declarado ilegales los contratos bajo los cuales se subcontrata a los empleados. Todo, para cancelarles sus derechos, incluida la prestación más temida, pero aún vigente en la Constitución y en la ley, que es el reparto de utilidades, el cual obliga a los patrones a cubrir 10 por ciento de sus ganancias a sus empleados. Sería interesante conocer a uno de la banca privada al que aún se le respete este derecho. Sería una auténtica aguja en un pajar.

Se supone que todos los empleados bancarios pertenecen formalmente a una federación sindical, cuyas siglas son Fnasib, única reconocida por el Estado dice la inconstitucional ley laboral bancaria; sin embargo, este organismo es prácticamente inexistente, por la simple razón de que han desaparecido los trabajadores que dice representar, precisamente por la simulación que conlleva el cáncer laboral del outsourcing.

En este contexto laboral bancario que priva en nuestro país, de penosa degradación del sindicalismo convertido en la mayoría de los casos en un deleznable negocio, es de gran importancia la presencia de un nuevo actor legítimo, como la nueva federación de la banca de desarrollo. Si reconocemos que el trabajo es el patrimonio común de la población, la organización en favor de su defensa resulta esencial no sólo como instrumento de protección específica, sino como vía de diálogo social para el diseño de políticas públicas. La recuperación del sindicalismo auténtico por los trabajadores es entonces una necesidad social. De ahí, la importancia de las nuevas leyes de transparencia, la iniciativa de reforma constitucional para recuperar la justicia laboral imparcial por la vía del Poder Judicial y el creciente reclamo de mejora salarial. El nacimiento de esta organización democrática de los trabajadores bancarios es motivo de celebración.

PD: Nuestra solidaridad con Sergio Aguayo y Carmen Aristegui y por la defensa de la libertad de expresión. No cabe duda, Humberto Moreira y Joaquín Vargas no tienen vergüenza.