La llamada reforma educativa es, en realidad, una reforma política, administrativa y laboral, que atenta contra los derechos laborales del magisterio y también contra los derechos de los niños a recibir una buena educación.

Afirmaron lo anterior los 14 investigadores universitarios que integran el grupo asesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para las pláticas con la Secretaría de Gobernación, en una declaración política que se presentó durante la mesa de diálogo con funcionarios de esa dependencia y la Secretaría de Educación Pública (SEP), el martes pasado.

Los universitarios rechazaron el planteamiento de las autoridades federales de que los derechos de los menores a recibir educación están por encima del derecho de los docentes a defender sus condiciones laborales. “Estas normas no pueden contraponerse para sostener que la ‘calidad’ de la educación sólo se puede construir mediante la creación de un régimen de precariedad laboral para el magisterio”.

En el grupo asesor participan investigadores reconocidos a escala internacional por sus aportaciones en el estudio de temas educativos, como Hugo Casanova, de la Universidad Nacional Autónoma de México; Tatiana Coll, de la Universidad Pedagógica Nacional; Antonia Candela, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados; César Navarro, del Instituto Mora, y Teresita Garduño, de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como Hugo Aboites y Manuel Pérez Rocha, rector y ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otros, quienes hacen severas críticas al punto nodal de la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto: la evaluación.

Hay evidencia internacional sustentada, enfatizaron, que muestra que la evaluación estandarizada no mejora la calidad de la educación, sino que contribuye al deterioro de la misma, a la polarización de sistemas educativos, al cierre masivo de escuelas públicas para los sectores más empobrecidos y al despido de profesores.

Las primeras evaluaciones aplicadas a los maestros como parte de la reforma, subrayaron, lejos de llevar a una profesionalización, conduce a la precarización del trabajo docente con la contratación, a menudo temporal, de personal con nula formación pedagógica. Amén de que se aplicó en condiciones inhumanas y con grandes fallas técnicas, inconsistencias e irregularidades de los instrumentos de evaluación reconocidos e implementados por la SEP y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Propusieron la suspensión de todo sistema de evaluación punitivo y de sus consecuencias legales y laborales, pues el clima amenazante del proceso de evaluación continúa y es impulsado por las propias autoridades.

Con la reforma, agregaron los expertos, la administración federal insiste en una gestión absolutamente centralizada en el gobierno nacional y los gobiernos estatales; supervisores, directores y maestros “aparecen como meros operadores responsables de ‘bajar’ a las aulas las políticas y los programas de estudios”.