Con la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción da inicio la fase operativa para la aplicación de este nuevo modelo de combate a ese fenómeno, si bien su pleno funcionamiento está calculado para julio de 2017.

Según especialistas, en enero se empezará a dar forma a la estructura, cuando se integren los comités de participación ciudadana y, posteriormente, el comité coordinador.

De acuerdo con los artículos transitorios contemplados en las leyes aprobadas, la plena vigencia de esta estructura operativa y el marco legal para combatir la corrupción será en julio de 2017, cuando se tiene proyectado que entre en vigor la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, y es también el plazo para que las 32 entidades adecuen sus legislaciones locales para crear sus sistemas estatales en la materia.

Hay que subrayar que se trata de un sistema diseñado para operar a largo plazo. Este sexenio ya se nos fue. Por eso no hay que apresurar los procedimientos para la aplicación del sistema en función de la coyuntura. No debemos correr prisas, advierte Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.

Considera que entre las cualidades del diseño del SNA sobresale contar con una estructura de pesos y contrapesos entre las instituciones y la sociedad, de entrada, por medio del Comité de Participación Ciudadana. No hay fragmentación institucional, pues el esquema favorece la integración del secretariado técnico, que será una especie de Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) de la corrupción, que habrá de medir su incidencia a escalas nacional y estatal, así como la evolución de las políticas públicas que se apliquen, contando con la participación de organizaciones ciudadanas, especialistas y la academia.

En el próximo periodo de sesiones, el Senado deberá abordar dos tareas inmediatas, fundamentales para el SNA: en primera instancia, procesar el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que en el esquema debe ser ratificado a propuesta presidencial.

A mediados de octubre, ese recinto legislativo deberá haber conformado la comisión de selección, que será responsable de procesar la designación de los cinco integrantes del comité de participación ciudadana. Su presidente encabezará también el comité coordinador, donde estarán representadas las instituciones asociadas al SNA, como la SFP, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros.

Merino señaló que estos serán los primeros pasos para la construcción del sistema, pero en paralelo deberán realizarse otras designaciones y adecuaciones. En principio, el nombramiento del fiscal anticorrupción, un funcionario, dijo, que por sus facultades va a ser muy poderoso, pues será el responsable de elaborar los procesos penales contra los servidores públicos corruptos.

Originalmente estará asignado a la Procuraduría General de la República, aunque la transformación de esta dependencia en fiscalía, a partir de 2018, motivará su readscripción bajo el innovador esquema que tendrá a partir del próximo sexenio, pero, en cualquier caso, si bien estará adscrita a esa instancia, tendrá plena autonomía para operar.