San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Delmis Zúñiga Troches tenía 13 años cuando, con la promesa de que la llevarían a trabajar a Estados Unidos, salió de su natal Honduras, en 2004, sin imaginar que ocho años después, en México, sería encarcelada al pasar de víctima a presunta cómplice de trata de personas.

Estuvo en prisión tres años, después de los cuales un juez le dictó sentencia absolutoria, pero en lugar de reparar el daño, el Instituto Nacional de Migración (INM) la deportó, violando un amparo.

Marcela Fernández y Evelia Rivera, abogadas del Equipo de Atención Sicosocial para Situaciones de Violencia, Exclusión Social y Dependencia, que defendió a la joven, explicaron que ésta fue enganchada por una mafia de trata en Honduras y traída a México, donde la entregaron a un prostíbulo de la zona de tolerancia del municipio de Las Rosas, a unos 60 kilómetros de San Cristóbal.

Prácticamente fue secuestrada y la obligaron a prostituirse; se quedó porque no tenía recursos económicos y no sabía leer ni escribir, pues desde niña padeció carencias económicas y violencia.

En entrevista, las defensoras recordaron que el 27 de junio de 2013 la policía especializada la detuvo y la acusó de trata con base en una supuesta llamada anónima. La testigo de cargo es su hermana Elsa, quien está en las mismas circunstancias, y la supuesta ofendida es Darlin, también familiar suya, apuntaron.

Señalaron que fue recluida en el penal de San Cristóbal, luego trasladada al de Chiapa de Corzo y finalmente al de El Amate, en el municipio de Cintalapa, “violando sus derechos humanos y la ley; además, su expediente no fue tratado con perspectiva de género, fundamental en el delito de trata de personas.

“Lo escandaloso es que en realidad era víctima y terminó siendo acusada, cuando su tratante, el dueño de la cantina, nunca ha estado en la cárcel.

Otras mujeres pobres como ella, muchas hondureñas, están siendo acusadas del mismo delito cuando fueron víctimas, probablemente porque cuando se firman convenios internacionales el Estado se obliga a cumplir ciertos indicadores y busca chivos expiatorios que, como no tienen recursos, no pueden pagar una defensa adecuada.

Apuntaron que después de la intervención de la defensa y tres años de cárcel, Delmis fue absuelta el pasado primero de junio, pero el INM violó un amparo y la deportó.

Agregaron que la defensa había solicitado que la diócesis de San Cristóbal de las Casas custodiara a la centroamericana, petición que fue rechazada a pesar de estar prevista en la Ley General de Migración.

Indicaron que, en su sentencia absolutoria, el juez Víctor Manuel Zepeda recomendó al INM iniciar el proceso para la regularización migratoria de la afectada. Al salir de El Amate fue llevada a la delegación del INM en Comitán, donde la encontró personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Hablamos con el jefe del área jurídica, Luis Alberto Chol, pero nos dijo que no procedía la regularización porque no consideraba que fuera una mujer vulnerable. En cambio, señaló que debía quedar a disposición de las autoridades migratorias de Tapachula para que la deportaran, explicaron las defensoras.

El 3 de junio entregaron al INM la solicitud de regularización migratoria, pero como no hubo respuesta interpusieron un amparo ante el juzgado de distrito. Las autoridades migratorias fueron notificadas del amparo la noche del 4 de junio para frenar la deportación, pero no lo respetaron y el 6 de junio nos hablaron para informarnos que la estaban subiendo al autobús.

Marcela Fernández reconoció que le sorprendió “porque nunca había atestiguado una violación de una suspensión (amparo), sobre todo de un acto previsto en el artículo 22 constitucional equiparable a la tortura. Por ello, el 7 de junio presentamos un incidente por incumplimiento de suspensión, que en realidad es por violación de suspensión, asentado en el expediente de amparo 5-B-1537/2016 ante el juzgado cuarto de distrito de amparo y juicios federales en Chiapas.

Se está haciendo responsable de la violación de la ley federal al delegado en la estación migratoria de Tapachula Siglo XXI, Jordán Alegría; al responsable del INM en Comitán, Luis Alberto Chol, y a la directora de la estación migratoria de Tapachula, Verónica Ramos. Para este miércoles está programada una audiencia en Tuxtla Gutiérrez, a fin de que los funcionarios del INM informen por qué violaron el amparo.