La organización Asamblea de Barrios Poniente interpuso ayer una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de autoridades de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad por violar la Constitución al no haber notificado a los habitantes del inmueble localizado en Benjamín Hill y Altata, en la colonia Hipódromo Condesa, que serían desalojados ni tampoco haberse promovido un juicio civil para llevar a cabo esa acción.

En conferencia de prensa, el dirigente de esa organización, Héctor González González, aseguró que ese recurso legal lo interpusieron en contra de Patricia Mercado, secretaria de Gobierno; Juan José García de Ochoa, subsecretario de la misma dependencia, y Horacio Robles Ojeda, director de Gobierno también de esa institución. Los responsabiliza de haber sido omisos en el cumplimento de la ley.

Aseguró que también tiene presentada otra acción legal, pues como organización tenía un amparo para no ser desalojados del citado inmueble; sin embargo, no se respetó.

En otro orden de ideas, la diputada Lourdes Valdez Cuevas y el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, presentaron una denuncia ante la Contraloría General en contra de la Secretaria de Medio Ambiente local, Tanya Müller García, por la falta de actualización del Reglamento del Bosque de Chapultepec.

Ambos panistas aseguraron que el jefe de Gobierno debe valorar la destitución de la funcionaria ante tantos tropezones jurídicos, que han metido en problemas a la ciudad y a sus habitantes.

Tabe explicó que en 2001 se actualizó la Declaratoria de Área de Valor Ambiental del Bosque y hasta 2006 se creó el Programa de Manejo en el que se establecía la actualización del reglamento, lo que no ha ocurrido.

Este Reglamento del Bosque de Chapultepec se emitió en 1986, es decir, llevamos más de 30 años con el mismo documento y no se ha actualizado, siendo que en el programa de 2006 se establecía claramente la urgencia de renovarlo, indicó.

Al no haber actualizado esta norma se afecta la adecuada administración y funcionamiento del bosque, además que al ciudadano le genera confusión al hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, apuntó.