En el país hay casi 24 mil unidades médicas, pero sólo mil 66 participarán en el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud: 667 de los estados, en los que se incluyen siete Hospitales Regionales de Alta Especialidad, así como 247 establecimientos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 152 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Estos colaborarán con el intercambio de servicios en 705 intervenciones clínicas, únicamente donde se necesite.

Así determinó el diagnóstico que se hizo en cada institución y unidad médica sobre la oferta y demanda de servicios. Se identificaron las intervenciones que se podrían intercambiar como parte del acuerdo que el pasado 7 de abril suscribieron los organismos de seguridad social y los estados de México, Oaxaca y Baja California Sur –ante el presidente Enrique Peña Nieto– para avanzar en la ampliación de cobertura de atención clínica, donde haga falta y con la premisa de sacar el mayor provecho de los recursos existentes y, sobre todo, de aquellos que actualmente están subutilizados.

En los próximos días, el gobierno federal dará a conocer los avances de la estrategia en un acto que, se prevé, será encabezado por Peña Nieto. El diagnóstico concluido recientemente determinó que los organismos de salud pueden colaborar en la prestación de 301 intervenciones relacionadas con servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, entre ellas, estudios de laboratorio de análisis clínicos, radiología simple y contrastada, tomografía, resonancia magnética, mastografía y gammagrafía.

También 65 intervenciones vinculadas con 15 especialidades médicas y 349 más correlacionadas con 21 especialidades quirúrgicas.

Los servicios otorgados por esta vía serán para atender a personas con diabetes tipo 2, hipertensión arterial, obesidad, enfermedades cardiovasculares (infarto agudo al miocardio y alteraciones de las válvulas cardiacas), enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal y neumonías.

Un reporte sobre los avances del acuerdo señala que también están incluidas afecciones oncológicas –sin precisar cuáles– y urológicas como prostatitis y enfermedad litiásica (cálculos en vías urinarias y/o riñones), así como cirugías para enfermedades frecuentes como apendicitis, colecistititis (vesícula) y atroplastías (articulaciones: cadera y rodilla).

Entre las intervenciones también se incluyen las relativas a atenciones ginecológicas y obstétricas, como la atención del parto y puerperio fisiológico y quirúrgico. Estas últimas ya forman parte del acuerdo interinstitucional vigente desde 2009 para la atención de emergencias obstétricas.

El documento resalta que el Acuerdo hacia la Universalización de los Servicios de Salud significa avanzar en el uso racional y ordenado de la infraestructura física y los recursos humanos en salud, por medio de un mecanismo de referencia de pacientes de instituciones cuya infraestructura esté rebasada, hacia otras con recursos físicos subutilizados para la atención de intervenciones específicas.

No habrá portabilidad, por lo que las personas seguirán sin poder elegir el servicio médico de su preferencia como ofrecía el proyecto original que se mantuvo en los primeros dos años del actual gobierno para lograr el sistema universal de salud.

Las restricciones presupuestarias impuestas por la Secretaría de Hacienda y el abierto rechazo del IMSS a desprenderse de sus cuotas obrero patronales truncaron el plan que desde 2010 se diseñó en la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) para emprender una nueva reforma en el sector, la cual planteaba que el financiamiento de la salud se diera por medio de impuestos generales que se irían a un fondo único, la disminución y eventual desaparición de las cuotas obrero-patronales del IMSS y la separación del financiamiento de la prestación de servicios.

Proponía que hubiera un organismo rector, administrador de los recursos económicos, y una serie de proveedores públicos y privados de la atención médica.

Lo que quedó fue este nuevo acuerdo nacional, que comprende un convenio general y varios específicos para atender las necesidades de salud en cada entidad. También será de utilidad para incentivar una planeación coordinada para el desarrollo de infraestructura física a mediano y largo plazo, así como para generar mecanismos que permitan identificar la incorporación y desincorporación de derechohabientes del Seguro Popular y la seguridad social, a fin de evitar dobles registros.

El documento puntualiza que se respetan los derechos de los trabajadores de las diferentes instituciones y no implica la privatización de los servicios, porque sólo participan organismos públicos, los que además no se fusionan. Cada uno seguirá trabajando sin afectación a su organización y atribuciones, indica.