Los excesivos requisitos legales y las trabas burocráticas han hecho prácticamente imposible acceder con eficiencia y rapidez al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas. De los mil 560 millones de pesos que integran dicho fondo, al 30 de junio solamente se han erogado 82.4 millones, es decir, 5.2 por ciento del total de recursos previstos.

Además, existe un enorme desinterés de los gobiernos estatales por homologar sus legislaciones y poder integrar sus respectivas comisiones ejecutivas de atención a víctimas, lo cual se refleja en que sólo 16 de las 32 entidades del país cuentan actualmente con una instancia de esta naturaleza, bajo el argumento de que carecen de recursos suficientes.

Para Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), instancia del gobierno federal, resulta urgente una reforma a la Ley General de Víctimas, encaminada a eliminar las excesivas trabas burocráticas para acceder a dicho fondo y agilizar los mecanismos para la reparación del daño.

Incluso, reveló que ante los obstáculos y los excesivos requisitos legales para hacer uso de dicho fondo, tan sólo en este año la CEAV ha tenido que recurrir a poco más de 20 millones de pesos de su gasto de operación para hacer frente a los requerimientos más urgentes de las víctimas, principalmente en los apoyos para alimentación, hospedaje y traslados.

Difícil, cumplir con requisitos

En entrevista, el presidente de la CEAV reconoció que los recursos utilizados son muy pocos para el número de víctimas, pero sobre todo por las necesidades que tienen. Admitió que debido a un excesiva regulación es prácticamente imposible que cumplan los requisitos.

Dijo que en el Senado y en el gobierno federal hay clara coincidencia sobre esta deficiencia, y que se trabaja para resolverla, muy probablemente en el próximo periodo legislativo.

Del Registro Nacional de Víctimas (Renavi) precisó que la comisión tiene ya inscritas 9 mil 634 personas, ya sea víctimas por delitos del fuero común o de investigaciones que realice la Procuraduría General de la República (PGR). Es un inicio, aunque reconocemos que las víctimas son muchas más.

Aclaró que hay otra parte del registro que corresponde a las entidades, que deben reportar a la CEAV la información sobre las víctimas de delitos del fuero común. Sin embargo, en este tema existe un enorme retraso.

Ya se firmaron los convenios y se les ha hecho entrega de la plataforma donde los gobiernos estatales deberán subir la información homologada, a fin de hacer los análisis y estar en posibilidades de construir políticas públicas de atención a víctimas. Hace menos de un mes, Michoacán fue la primera entidad en transferir sus datos para integrar el Renavi.

Jaime Rochín, quien concluye su periodo en la CEAV el próximo 10 de octubre, señaló que aspira a poder entregar un primer corte sobre la integración de dicho registro.

Reconoció que una de las causas en el retraso en la conformación del Renavi y la integración misma de las comisiones estatales de víctimas se debió a que muchos gobiernos locales consideraron que la Ley General de Víctimas no era vinculante, situación que cambiará en cuanto se publique la reciente reforma constitucional aprobada por el Senado y que faculta al Congreso a expedir leyes en materia de atención y protección de los derechos de los afectados.

Otro pendiente de la CEAV es aumentar, al menos al doble, el número actual de 60 abogados con que cuenta la Asesoría Jurídica Federal, instancia que tiene registrados casi 10 mil asuntos, que los hace prácticamente imposibles de atender.

El presidente de la CEAV añadió que esta situación pasa obligadamente por el presupuesto, pues la ley establece que los abogados de esta área deben ser servidores públicos. Anunció que esto será planteado en su propuesta de presupuesto.