a mañana del jueves pasado escuché a Andrés Manuel López Obrador en una entrevista con Ciro Gómez Leyva. En ella, el máximo dirigente de Morena sostuvo que no era conveniente la derogación de la reforma educativa, sino su revisión y mejoramiento.

“Una derogación –dijo Andrés Manuel– sería la claudicación del gobierno… y eso no nos conviene a nadie… Nosotros no queremos construir el nuevo México a partir de escombros, tiene que haber autoridad y tenemos que llegar a 2018 con estabilidad, con paz social… si se le vence por completo a Peña Nieto, pues no va a haber estabilidad, no va a haber gobierno”. Antes, AMLO había ubicado con precisión y claridad políticas las responsabilidades involucradas: “El gobierno –expresó– tiene que aceptar que se equivocó al no consultar a maestros y padres de familia cuando se aprobó la reforma educativa y la responsabilidad mayor recae en el Poder Legislativo porque ahí fue donde se aprobó la reforma”.

Tomo los párrafos anteriores de la versión transcrita de la entrevista publicada este viernes en El Universal con arranque en primera plana, y desde luego firmada por el periodista Gómez Leyva. He buscado algún registro en las primeras de otros diarios y no he encontrado nada, salvo una nota perdida en El Financiero en páginas interiores. No obstante la relevancia política de lo dicho por López Obrador, los diarios de este viernes luctuoso del 15 de julio optaron por la callada, mientras nos enteramos del amparo concedido por un juez a los inefables espadachines de Mexicanos Primero contra los pactos entre la Secretaría de Gobernación y la CNTE.

Queda por ver y entender la reacción de la CNTE, por un lado y, por otro, la disposición del gobierno y de los legisladores para abrir un periodo de estudio y discusión que pudiese llevar a esa revisión y mejoramiento de la reforma que bien podría desatar la formación de unos consensos que los promotores originales desdichadamente dieron por hecho. Por lo pronto, podríamos proponer que en la visión del candidato presidencial de Morena no cabe la perspectiva de derogación o muerte, pero tampoco la de evaluación o muerte, tan cultivadas por los grupos de la CNTE y por el secretario de Educación, Aurelio Nuño.

Ahora, lo que se requiere y hay que buscar o, mejor, construir, es un espacio donde pueda procesarse con eficacia y congruencia un examen concienzudo de los nudos que al parecer contiene la reforma y no fueron advertidos ni en tiempo ni en forma por los diputados y senadores que la aprobaron. Nada de esto querría decir volver atrás o doblar al gobierno como ahora se insiste desde muchos miradores. Más bien, un ejercicio de conciencia política e institucional como éste sería una muestra ejemplar de flexibilidad por parte de un cuerpo político afectado seriamente por una esclerosis precoz que las expectativas desbocadas de 2018 no hacen sino agravar.

Si algo le faltó a la referida reforma fue, en efecto, reflexión y análisis no sólo de sus contenidos específicos, sino de sus implicaciones políticas y sociales, tanto en el nivel local y regional como en el nacional. De todo ello hemos tenido noticia en estos aciagos días de confrontación que ya reclamaron su factura mortal y de confusión política en las alturas y el llano de nuestro atribulado edificio político y estatal. Por esto es que las declaraciones de López Obrador cobran especial relevancia, y deberían llevarnos a un momento de reconocimiento reflexivo sobre las reformas y su cauda de resultados no deseados ni previstos, así como sobre sus múltiples impactos en el resto de la estructura social que pueden traer como consecuencia indeseable un conflicto mayor. Como está ocurriendo.

Nadie puede negar la importancia de la educación pública, no sólo desde el punto de vista económico, sino sobre todo social y político. Sin ella, no hay espíritu republicano; las falencias y corrosiones del proceso educativo público, repetidas por demasiado tiempo, afectaron de manera sensible la evolución de un republicanismo mexicano y distorsionaron la formación de la conciencia cívica, que es indispensable para la democracia.

No hay comunidad sin educación, pero esto no quiere decir que lo que hoy conocemos como sistema educativo sea capaz de propiciar la cohesión social y política indispensables para atravesar con bien la profunda crisis de nuestra sociedad de masas, tan desigual como empobrecida.

Más bien, habría que poner en cuestión que el sistema actual pueda auspiciar nuevas jornadas de renovación social o política. Partido y fraccionado como el conjunto del cuerpo social mexicano, el edificio educativo público nacional ha seguido la suerte del principal y resiente todos sus excesos y defectos: indolencia burocrático-administrativa, corrupción, incapacidad para deliberar y comunicar (se). Y así no puede haber sino mala educación.

La decisión de muchas comunidades oaxaqueñas y chiapanecas de acompañar a los profesores de la CNTE en sus varias aventuras de confrontación y negociación, tiene que ser entendida y puesta en la perspectiva preocupante del empobrecimiento y el aislamiento local que llevan a la ira y el descreimiento. Inmutables, esos pobladores no se conmueven por las denuncias de los excesos cometidos por los dirigentes de la CNTE en el Ieepo de Oaxaca y anteponen su encono antigubernamental mientras se dicen y redicen que los embravecidos contingentes magisteriales son, a pesar de todo, parte de su gente.

No sé si consideraciones antropológicas de esta especie tuvieron lugar cuando se diseñó la reforma o cuando los diputados y senadores la escudriñaron y aprobaron. Lo que sí sé es que este tipo de análisis tiene que hacerse en todos los planos del aparato estatal si lo que se quiere es que las reformas gocen de aprobación efectiva y de un consenso activo que permita su despliegue en el tiempo y el territorio.

Tiempo y territorio son dos dimensiones que gozan de escasa atención en los cubículos y salas de discusión en el legislativo y el ejecutivo. Pero son ellas las que, desatendidas, pueden dar al traste con políticas y proyectos reformadores al ser vistos como extraños, exóticos, por quienes van a ser sus principales sujetos y posibles beneficiarios. Una y otra vez, la necedad de que México es plano nos ha llevado a crasos errores de planeación y puesta en acto de las mejor intencionadas de las estrategias y proyectos políticos. Esta contumacia llegó a un triste esplendor, a un falso amanecer, con nuestra aventura globalizadora que nos llevó inermes a los espacios más conflictivos y disputados del comercio y el capital transnacional. Y es la que nos llevó a soslayar el componente ideosincrático que toda ola reformista debe contener si no quiere quedarse en la difícil fase de dislocaciones estructurales y sociales que es inevitable pero puede ser modulable si se cuenta con un Estado atento a estas y otras complejidades del quehacer reformista.

Ahora, a la distancia del inicio de aquella aventura, podemos decir que había mucha prisa y poca o nada de paciencia y que este funesto síndrome se apoderó de las generaciones posteriores hasta traernos a la peligrosa situación actual. Si podremos o no enmendar entuertos y corregir el rumbo está por verse, pero las declaraciones de AMLO son alentadoras, por claras y precisas y por ser políticas en el mejor sentido del término.

Los grupos gobernantes, un plural de uso obligado de hoy en adelante, deberían tomar nota y aprestarse a actuar de manera cooperativa por elemental sentido de supervivencia; y el gobierno mandar el topen chivas al desván de los trastos viejos.

Se abren estructuras de oportunidad que no pueden desdeñarse. La suerte no está echada.