a Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada dio a conocer el pasado miércoles su tercer reporte sobre ese proceso de consulta que se inició hace unos meses, del cual di cuenta en este espacio ( La Jornada, 14/5/16). Llama la atención la rapidez con la que avanza, estimulado sospechosamente por las autoridades encargadas de realizarlo, como son la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Aunque a decir verdad, acelerado igualmente, y de manera amañada, por empresas trasnacionales como Monsanto, que velan por sus intereses en la siembra de soya transgénica en la península.

Pero incluso con este tipo de corporaciones detrás haciendo el juego sucio, las comunidades mayas han dado pasos firmes en la primera fase en que se encuentra esta consulta. Por el reciente informe de la misión de observación sabemos, por un lado, que las autoridades encargadas deberán apegarse a los tiempos que las comunidades solicitaron, para que conforme a sus costumbres y mediante sus formas organizativas deliberen sobre la pertinencia o no de la realización de la consulta en los términos que plantean esas autoridades en el denominado programa de trabajo, entregado los pasados 30 de junio y 1º de julio en los municipios de Hopelchén y Tenabo, Campeche.

La misión de observación resalta que esto es relevante, pues las comunidades mayas han establecido que por lo menos en octubre próximo tendrían una respuesta sobre ese programa de trabajo. Y ello después de consultar a sus comunidades y deliberar sobre si es adecuada o no para ellas. Pareciera necedad y que se trata de pérdidas de tiempo; sin embargo, de acuerdo con la experiencia de las comunidades en estos procesos, en los que ponen en juego sus usos y costumbres, y lo establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, hoy es innegable que es un derecho de las comunidades y pueblos indígenas ser consultadas en casos en los que se vean afectados por algún tipo de actividad administrativa o legislativa, mediante procedimientos adecuados y conforme a sus instituciones representativas. Esto implica que quienes son titulares de estos derechos establezcan debidamente las formas con las cuales procede la consulta indígena, pues de lo contrario se vulneran principios importantísimos, como son los contenidos en los estándares internacionales, entre ellos el de ser de manera previa, libre e informada consultados, así como el que dicha consulta deba realizarse de buena fe y encaminada a hallar el consentimiento de los pueblos.

En este sentido, la misión observa que estos principios se han vulnerado de nueva cuenta en las reuniones recientes entre representantes de las comunidades y las autoridades responsables. Durante el desarrollo de éstas se identificó en efecto la presencia de grupos ajenos a las comunidades convocadas para la consulta, e incluso se presume que estos grupos –entre los que se cuenta una centena de menonitas, así como representantes de comunidades mayas y mestizas de otros municipios no sujetos a ser consultados– fueron manipulados por empresas y autoridades con la intención de presionar a las comunidades para que aceptaran los términos de la consulta y se avanzara en la realización de la misma, atropellando de ese modo su derecho a una consulta libre e informada.

El principio de buena fe se vio en efecto también claramente disminuido con la actitud omisa de las autoridades ante la presencia en esas reuniones de personas asociadas con las empresas involucradas, permitiendo además que grupos ajenos generaran un clima hostil y de desconfianza e insultos contra los representantes de las comunidades sujetas a consulta. Las autoridades dividieron igualmente en dos grupos a las comunidades consultadas, y por tanto no se generó un clima de confianza mutua en este proceso. La narración que la misión hace de estos lamentables sucesos durante la realización de esta consulta –que se puede revisar con detalle en la página de Internet consultaindigenamaya.org– demuestra que por sus omisiones o complicidades, las autoridades encargadas, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fungió como garante del proceso, están quedando lejos de realizar esta consulta conforme a estándares internacionales.

Es lamentable además que estas autoridades no cumplan cabalmente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, como sabemos, ordenó la realización de esta consulta. Un asunto además que, como ha sucedido con otros procesos de consulta indígena, se ha convertido en un tema de interés nacional debido a su relevancia para la protección y garantía de los derechos humanos de grupos como los pueblos y comunidades indígenas, que en este país han visto en las recientes décadas vulnerados su dignidad y sus derechos en razón de una concepción de desarrollo basada en la explotación de los bienes naturales y la extracción desmedida de recursos naturales y energéticos. A eso tendríamos que sumar ahora lo relacionado con un modelo de agricultura extractivista a gran escala, basada en el monocultivo y el uso peligroso de los organismos genéticamente modificados.

Para la realización de la consulta se requiere de la buena fe de las autoridades y que se apeguen a derecho, tomando en cuenta, lo cual es irrenunciable, la opinión de las comunidades consultadas. De lo contrario el espíritu y el proceso de la consulta indígena queda anulado. El Estado debe garantizar a las comunidades mayas consultadas seguridad, respeto y un ambiente en el que estén libres de toda hostilidad o cooptación por parte de terceros.