n apenas 90 días el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud –signado el 7 de abril por Enrique Peña y el doctor José Narro– suma significativos rechazos. Además de los pronunciamientos descalificatorios de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (senador Joel Ayala), así como los de la sección 50 (Chiapas) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, destaca el del Frente Operativo Nacional de las ramas y grupos afines del sector salud, que han sostenido tres reuniones con el secretario Narro (27-30 de junio y 5 de julio), después de la gran movilización nacional del pasado 22 de junio.

En la reunión pasada, el frente operativo le entregó –en mano– el Pliego Nacional de Demandas –evolución de los seis ejes previamente propuestos para el 22 de junio–, que considera: 1) dialogo público vía una mesa de trabajo bilateral –sin intermediarios– entre representantes de los trabajadores a escala nacional y las autoridades centrales de IMSS-Issste-Ssa, para discutir y analizar las debilidades del sector y, simultáneamente, construir un proyecto viable que tenga como cimientos la satisfacción de demandas específicas; 2) basificación efectiva e inmediata de todos(as) los trabajadores de contrato temporal, respetando el artículo 123 constitucional, apartado B, para mejorar las condiciones de trabajo con respeto pleno a los derechos y garantías laborales que, necesariamente, pasa por garantizar suministros y provisión de equipo, medicamento y materiales de consumo, así como logística, sin olvidar el incremento de recursos humanos vía la creación de nuevas plazas de base, para dar satisfacción al incremento de la demanda; 3) garantizar el derecho a la salud como obligación del Estado mexicano, administrando de mejor manera el gasto público, frenando, así, la universalización; 4) detener la desarticulación de la seguridad social y las asociaciones público-privadas (APP), así como la subrogación de los servicios que precarizan el trabajo con la terciarización; 5) retiro inmediato de la iniciativa presidencial (28 de abril de 2016) que confiere atribuciones punitivas a la Conamed y crea la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica; 6) se solicita al Estado mexicano el respeto a los artículos 5 y 123 constitucionales para disponer las medidas necesarias y así garantizar la seguridad e integridad física de los(as) trabajadores de la salud y sus pasantes, con énfasis especial en aquellas zonas de alta peligrosidad; 7) revisión inmediata, replanteamiento y actualización del catálogo sectorial de puestos y funciones con sus profesiogramas, para su adopción contractual universal en el sector público y privado, con el consecuente incremento real al salario base y a las becas de los pasantes del servicio social de todas las ramas, grupos afines, profesionales y técnicos. Fortalecimiento y adopción universal del programa de profesionalización para la rama de enfermería y grupos afines. Firma inmediata del convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del gobierno mexicano, y 8) con base en el artículo16 constitucional, el cese inmediato a la represión y la persecución de trabajadores –por parte del Estado mexicano y las burocracias sindicales– que se oponen a las políticas que atentan contra el derecho a la salud y la seguridad social –incluyendo a los firmantes del Pliego Nacional de Demandas–, con la reinstalación inmediata de los despedidos por estos motivos.

Según el Sistema de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, la comunicación está siendo atendida. Para el doctor Narro, su universalidad –para el resto del sexenio– considera tres etapas: 1) intercambio de servicios entre IMSS-Issste-Ssa para aprovechar la capacidad instalada; 2) integrar de manera planificada los servicios médicos a futuro, y 3) cobertura universal y referencia al segundo nivel hospitalario, ignorando las carencias acumuladas durante tres décadas.

Es claro que esa primera etapa sólo universalizará carencias: incumple los parámetros de suficiencia de personal capacitado y motivado, así como de los medios disponibles para brindar la debida atención recomendados por las organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud. Tampoco amplía el catálogo de prestaciones a la altura de la ciudadanía del siglo XXI, lo reduce. Es una universalidad de 100 intervenciones. Pero, sobre todo, no articula una propuesta para un mejor vivir con otra calidad de vida, capaz de prefigurar otra política de salud integral, más allá de la atención de daños a cargo del frente curativo. Otra política que detone vida sana y no sólo atención de la enfermedad. Es una universalidad incapaz, por su propia concepción y diseño de ser efectivamente universal: sólo suma intervenciones excedentes, por medio del intercambio de servicios entre instituciones.

Las autoridades institucionales insisten en que la universalidad no es sinónimo de portabilidad ni privatización. Como dice José Reyes Baeza el Issste está en posibilidad de ofrecer 234 servicios y contratar 175. Mientras el responsable del SNTIssste, Luis Miguel Victoria Ranfla, comunica que es una oferta de servicios en la que podamos, las instituciones, ofrecerlas a otras. Es una universalidad de saldos contables, no la que se requiere para el México del siglo XXI.

¿Qué adhesiones estatales, vía convenios específicos considerados en el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, pueden ganar semejante universalidad de saldos contables?

Antes de universalizar carencias habría que atenderlas. Ante la clara insuficiencia del acuerdo operado por el Partido Revolucionario Institucional, como propone el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera: Los movimientos sociales no pueden renunciar a la batalla de ser ellos los que conduzcan y articulen el sentido de lo universal: la voluntad de administrar lo común.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco