El juez federal Felipe Consuelo Soto, rector del concurso mercantil de Oceanografía, le dio ayer un respiro a la naviera, al autorizar que en agosto sus acreedores presenten un nuevo convenio concursal, el tercero en este año, a fin de que pueda evitarse la quiebra de la firma, informaron a La Jornada fuentes del Poder Judicial Federal.

La semana pasada un tribunal federal echó abajo por segunda vez el convenio concursal que ya había sido avalado por la mayoría de los acreedores, y se esperaba que esta semana se declarara la quiebra de Oceanografía.

En tanto, otra juez federal, Luz María Ortega Tlapa, envió a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, un requerimiento con carácter de urgente tramitación, para que la dependencia cumpla una sentencia de amparo que ordenó dejar sin efecto la orden de aseguramiento de cuentas bancarias de al menos siete empresas de los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, integradas en un fideicomiso en el Deutsche Bank.

Los Rodríguez Borgio, dueños de Caja Libertad, han sido vinculados con el caso de Oceanografía por ser socios de Martín Díaz Álvarez en la empresa GGM Energy, que posee 15 por ciento de las acciones de la firma de servicios petroleros de Amado Yáñez.

Según el abogado de Amado Yáñez, el doctor en derecho constitucional José Óscar Valdés Ramírez, si la titular de la PGR no cumple a la brevedad con el ordenamiento de amparo nos va a obligar a iniciar un incidente de inejecución de sentencia en el juzgado y estaríamos pidiendo su destitución como procuradora.

La Ley de Amparo vigente desde abril de 2013 prevé que en casos de incumplimiento de sentencias de amparo (inejecuciones) se dé vista de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se analice la probable destitución del funcionario público que no acate un ordenamiento de amparo.

Hago referencia al oficio 324/2016 del 19 de mayo de 2016 y 37194 del 13 de julio del mismo año, por lo que en vía de cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en sesión del 4 de mayo de 2016, emitida por el séptimo tribunal colegiado penal del primer circuito, con fundamento en los artículos 5 facción II, 192 y 193 de la Ley de Amparo, le hago de su conocimiento que se ordenó dejar insubsistente el acuerdo de aseguramiento de 27 de febrero de 2014, emitido en la averiguación previa UIIORPIFAM/AP065/2014, por lo que respecta a Deutche Bank de México, lo que hasta el momento no ha tenido debido cumplimento, refiere el requerimiento que ya fue notificado a la PGR.

En el caso del concurso mercantil, que lleva mas de un año, el juez Felipe Consuelo ha aprobado ya dos convenios de restructura de pasivos por más de 14 mil millones de pesos, que sólo existe en el papel.

El convenio requiere una inyección de capital de 70 millones de dólares que ningún inversionista parece dispuesto a aportar.

Desde marzo pasado, el conciliador del concurso, José Antonio de Anda, y la funcionaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes responsable de la empresa, Norma Romero, habían informado al juez que la situación financiera era crítica y no había recursos para seguir operando los contratos con Pemex Exploración y Producción, que durante años fue la única clienta de Oceanografía.

Cinco contratos suman 171.5 millones de dólares y vencían el pasado 31 de diciembre, mientras que los otros cuatro sumaban 4 mil 81 millones de pesos y concluían entre 2014 y 2016.

Los servicios requerían el uso de buques petroleros especializados, la mayoría eran arrendados.