En el diálogo con los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el gobierno federal todavía presenta fuertes resistencias para avanzar en la definición del mecanismo especial de seguimiento del caso Iguala, y en la separación de Tomás Zerón de su cargo al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En sendas reuniones de los padres de familia, primero con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, y posteriormente con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, apenas lograron avances mínimos, por lo que el diálogo continuará en los próximos días, con el intercambio de propuestas y documentos.

Los familiares decidieron levantar ayer por la tarde el campamento que desde la semana pasada habían instalado en las afueras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y anunciaron diversas movilizaciones en Guerrero para los próximos días, las cuales continuarán en la Ciudad de México el 26 de julio, cuando se cumpla el vigésimo segundo mes de la desaparición de los jóvenes normalistas.

Tras la reunión en la PGR, la cual duró más de dos horas, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43, advirtió que, luego del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre que el normalista Julio César Mondragón Fontes fue muerto a golpes y su rostro desollado por fauna del lugar, hay temor de que los 22 policías municipales de Iguala detenidos por este homicidio queden en libertad, y la impunidad prevalezca. Los elementos policiacos están detenidos por haber disparado.

En conferencia, el litigante señaló que los avances de las investigaciones del caso Iguala son muy mínimos, relacionados sobre todo con el tema de la telefonía celular de los implicados en los hechos.

Sobre el cese de Tomás Zerón, indicó que el tema está empantanado, y que la procuradora Gómez argumentó que la normatividad no permite que sea separado del cargo, por lo que tendrían que esperar a finales de mes, fecha en que se estima que concluya la investigación que se realiza en su contra.

Añadió que en los próximos días la PGR dará a conocer los avances que se tienen de las indagatorias, en el caso particular en el tema de telefonía, es decir, los resultados que se han obtenido en cuanto a los cruces de información, llamadas y mensajes que se generaron entre policías, autoridades municipales y miembros de Guerreros unidos durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, así como del rastreo de llamadas y mensajes que se generaron de los teléfonos celulares de los estudiantes en esas fechas.

De igual forma, aseguró que para la búsqueda de los normalistas la PGR ha adquirido tecnología muy importante que permite hacer revisión del subsuelo en zonas donde la tierra no ha sido removida a fin de tratar de localizar restos que pudieran haber sido sepultados de manera clandestina y que se relacionen con este caso.

Al concluir esta reunión, los padres de los 43 se trasladaron de inmediato al Centro Pro de Derechos Humanos, donde se realizó el encuentro con el subsecretario Roberto Campa, que duró una hora, a fin de avanzar en la definición de este esquema que deberá ser presentado a fin de mes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al término, los familiares declararon el gobierno federal todavía presenta fuertes resistencia en cinco de los ocho puntos planteados en este esquema. Algunas de estas discrepancias son sobre la estancia del mecanismo en nuestro país, y la información que puedan solicitar a las autoridades, además de las visitas e indagatorias que puedan realizar en terreno dichos comisionados y su equipo técnico.

Estamos atorados en la visita del equipo técnico operativo, ya aceptaron que sean dos (integrantes), que permanezcan el tiempo que sea necesario, pero están poniendo una traba: ellos quieren que la visita sea en coordinación con el Estado, lo cual limita mucho el trabajo operativo, señaló.

Otro punto divergente es que los integrantes de este mecanismo, encabezado por el mismo presidente de la CIDH y relator país para México, James Cavallaro, sólo podrían visitar México de manera reducida, mientras que los padres proponen que se realicen cuando menos cuatro visitas entre agosto de este año y marzo del próximo.

A su salida del encuentro, realizado en las instalaciones del Centro Pro de Derechos Humanos, el subsecretario Campa se mostró confiado en que dicho mecanismo estará listo para finales de este mes, cuando ambas partes se reúnan en el contexto de la asamblea general de la CIDH, en Washington. No tengan duda, habrá mecanismo de seguimiento, declaró al término de la reunión.

El subsecretario Campa, los padres de familia de los 43 y sus representantes acordaron reunirse nuevamente el próximo viernes, luego de que este miércoles intercambien documentos.