El gobierno y el Congreso de Chihuahua también fueron incluidos en la acción de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso el lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra lo aprobado por los legisladores locales de Veracruz y Quintana Roo, debido a que podrían poner en riesgo la operación del Sistema Nacional Anticorrupción.

El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Mario Trevizo Salazar, rechazó este martes que existan elementos legales para la acción de inconstitucionalidad contra las reformas para crear la fiscalía anticorrupción, porque las mismas se ajustan a los términos legales.

El funcionario aseguró que esa acción de la PGR contra el gobierno estatal no riñe con el decreto publicado por Chihuahua, en el que se reformó el artículo 122 de la Constitución local bajo los lineamientos del ordenamiento federal.

El gobernador César Duarte Jáquez no tiene intención de nombrar fiscal anticorrupción en los tres meses que restan de la administración, como ya ocurrió en Veracruz y Quintana Roo, dijo. Indicó que esperará la notificación de la SCJN y la promulgación de las leyes pendientes.

En Veracruz, el mismo lunes, en que se supo sobre la acción federal, el gobernador Javier Duarte de Ochoa informó a los diputados locales de la declinación de los aspirantes al cargo de magistrados para integrar la sala especializada en esa materia en el Tribunal Superior de Justicia.

Ayer, la Junta de Coordinación Política presentó un punto de acuerdo que dejó sin efecto la convocatoria para designar al fiscal anticorrupción y paró el nombramiento de titulares en la fiscalía y la sala anticorrupción.

En la sesión de este martes se retiró también del orden del día el dictamen con proyecto de reforma que permitiría al gobernador aprobar la basificación de 24 mil trabajadores del estado y que tendría un impacto de un millón 500 mil pesos en el presupuesto anual.

En este contexto, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, calificó de ‘‘tardías, insuficientes y limitadas’’ las acciones de inconstitucionalidad que presentó la PGR ante la SCJN contra los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, porque sólo buscan garantizar la operación del Sistema Nacional Anticorrupción.

‘‘No nada más llega tarde, sino es insuficiente, porque la acción de inconstitucionalidad, a reserva de leer bien el documento, es exclusivamente en relación con lo que va en contra del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que están haciendo los gobernadores de Veracruz, de Quintana Roo y de Chihuahua va mucho más allá de hacer cambios en el marco de ese sistema; es un verdadero paquete de impunidad el que están tratando de generar, en donde lo que buscan es salir impunes de los delitos que tuvieron”, subrayó.

Por su parte, el gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, denunció que se inició ‘‘el saqueo de información y documentación en algunas dependencias de gobierno’’, cuando aún no comienza el proceso de entrega-recepción. Dijo que ha recibido reportes, algunos anónimos, con fotografías en que le informan que en algunas dependencias estatales están borrando archivos y llevándose documentación en cajas, lo cual podría constituir un delito.

Dijo que el pacto que hizo con el aún gobernador Roberto Borge Angulo para una transición pacífica ‘‘evidentemente se rompió’’, por lo que podría hacer uso de los instrumentos que le da la ley, como asumir el cargo cinco días antes de la fecha marcada constitucionalmente, esto es, el 20 de septiembre, afirmó.

A su vez, Ángel Ramírez Florescano, vicepresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, comentó: ‘‘Ya es definitivo, el gobierno de Roberto Borge no tiene de dónde agarrarse; o sea, si le quedara un poquito de ética y cordura, entregaría y se iría; es algo muy sencillo’’.

(Eirinet Gómez, Miroslava Breach, Carlos Águila y Patricia Vázquez)