Políticos de PRD, PAN y empresarios festejaron el recurso de inconstitucionalidad que presentó el gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas promovidas por los gobiernos y congresos de Veracruz y de Quintana Roo, con las cuales los gobernadores de ambas entidades pretendían evadir investigaciones por presunto desvío de recursos públicos, con ‘‘nombramientos a modo’’ de funcionarios y reformas legales.

El partido del sol azteca consideró que la acción es de ‘‘justicia mínima’’. Hace falta que el Ejecutivo vigile que en ambos estados se respete la legalidad y se permita una transición pacífica como muestra de civilidad. Demandó que los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, sean investigados por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.

A su vez, el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, dijo que la medida anunciada es un triunfo para este partido y ‘‘para millones de ciudadanos, quienes pese a los excesos y amenazas de esos gobernadores priístas han denunciado de manera firme y constante los casos de corrupción y los intentos de impunidad’’.

En un comunicado, expuso que también los congresos locales deben desistirse o dar marcha atrás a las designaciones y a las reformas que atentan contra la responsabilidad hacendaria y contra la Constitución.

En Xalapa, Miguel Ángel Yunes Linares y su primo Héctor Yunes Landa, gobernador electo de Veracruz y senador con licencia, respectivamente, pidieron por separado que el gobernador Duarte pida licencia definitiva.

Yunes Linares señaló que lo que sigue es ‘‘actuar con celeridad y firmeza en contra de Duarte y su banda de ladrones’’.

Tanto el PAN como el PRD, y el mismo Yunes Linares, exhortaron a detener la propuesta que hizo Duarte al Congreso de Veracruz para la basificación de 24 mil trabajadores del estado, y la iniciativa que pretende que se paguen los adeudos con proveedores con los recursos del impuesto de 3 por ciento a la nómina.

Por su parte, empresarios del sur de Veracruz se sumaron al rechazo en contra de los proyectos de reformas de Duarte y exigieron que no se comprometan los recursos de la próxima administración estatal.

José Antonio Wilburn, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona sur, manifestó que los sectores productivos desean que se pague a los proveedores, pero con recursos que están ya etiquetados para ese fin.

Asimismo, en el Senado, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero (PVEM), opinó que con la acción de inconstitucionalidad el presidente Peña Nieto ‘‘reafirma que cree en el sistema nacional anticorrupción y manda un mensaje claro a los dos gobernadores, y a todos, de que no se va a permitir la impunidad’’.

El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, destacó que además de las acciones de inconstitucionalidad se requieren medidas integrales para sancionar a los mandatarios salientes por las responsabilidades que resulten de sus gestiones.

En Quintana Roo, el gobernador electo, Carlos Manuel Joaquín González, celebró la acción de inconstitucionalidad en contra del llamado paquete de impunidad: el nombramiento de tres magistrados, fiscal general, nuevo auditor y modificaciones a la Ley de Seguridad Pública para costearle guaruras al aún gobernador por 15 años.

Carlos Montalbán, presidente estatal del PRD, consideró por su parte que ‘‘es un llamado muy fuerte en lo jurídico, y sobre todo en lo político, que busca legitimar al gobierno federal frente a las acciones ilegales e ilegítimas de los congresos quintanarroense y el de Veracruz’’.

En tanto, el gobierno de Quintana Roo aseguró ser respetuoso del recurso promovido por la PGR, rechazó haber promovido la creación de un sistema anticorrupción, y aseguró que el aún mandatario, Roberto Borge, ‘‘acatará lo que resuelva la Suprema Corte’’.

(Matilde Pérez y Víctor Ballinas, reporteros; Eirinet Gómez, Sayda Chiñas, Iraís Aguirre y Carlos Águila, corresponsales)