l pasado viernes, mientras la atención pública seguía concentrada en el problema magisterial y sus consecuencias políticas y sociales, Enrique Peña Nieto confirmó abiertamente la pretensión de privatizar buena parte del sur atrasado al nombrar a Gerardo Gutiérrez Candiani titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).

El nuevo funcionario presidió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de 2009 a 2011 y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de 2012 a 2015. Además, hizo una precampaña a título de ciudadano en busca de que Los Pinos y el PRI lo hicieran candidato a gobernador de su natal Oaxaca (lo que no consiguió).

La entrega del delicado proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) a un representante de los empresarios significa un abierto conflicto de intereses y una amenaza al legítimo interés de la nación, sobre todo si se toma en cuenta que ese plan podrá convertir a empresas nacionales y extranjeras en virtuales autoridades ejecutivas en determinadas regiones, políticamente por encima de gobiernos estatales y municipales (luego que éstas firmen acuerdos de coordinación), con una serie de concesiones fiscales y estímulos gubernamentales en especie (inmuebles de propiedad federal, por ejemplo) e incluso con la facultad de instalar su propia policía privada.

Catalogado por Los Pinos como uno de los proyectos insignias de la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto, equiparable a las reformas estratégicas, el plan contempla crear las primeras zonas económicas especiales en áreas que tienen como punto de convergencia el puerto de Lázaro Cárdenas (con participación de municipios de Guerrero y Michoacán), el Istmo de Tehuantepec (en un tramo ubicado entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz) y Puerto Chiapas (en Chiapas). No está de más recordar que en algunas de esas zonas se han registrado fuertes conflictos sociales que la administración federal ha tratado de someter mediante violaciones constitucionales y un descuadrado uso represivo de la fuerza pública (la designación de un comisionado en Michoacán y la promoción de las autodefensas luego desmontadas; el conflicto popular y magisterial en Oaxaca y Chiapas, además del problema de los migrantes centroamericanos en este último, y el dominio del crimen organizado en Veracruz).

El modelo de las ZEE ha tenido resultados disparejos en el mundo, pero sobresalen los ejemplos negativos en cuanto al logro de prosperidad para los habitantes de esas regiones. En México se corre el riesgo de generar enclaves donde se instalen firmas atraídas por la posibilidad de pagar bajos sueldos y tomar una serie de beneficios negociados con autoridades corruptas. La inversión extranjera así captada suele ser volátil, chantajista e intrascendente.

Sin embargo, la ley correspondiente (aprobada en el Congreso de la Unión casi sin oposición: en San Lázaro, por 389 votos a favor, 31 abstenciones y uno en contra; en el Senado, por 88 a favor y 8 en contra) establece en su artículo segundo que las personas físicas o morales que operen en las Zonas Económicas Especiales como administradores integrales o inversionistas podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva, entre otras condiciones especiales, en los términos de la presente ley. Los beneficios e incentivos que se otorguen deberán fomentar la generación de empleos permanentes, el ascenso industrial, el crecimiento de la productividad del trabajo e inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico de la zona y su área de influencia.

Incluso, el administrador integral, entendido éste como la persona moral o entidad paraestatal que, con base en un permiso o asignación, funge como desarrollador-operador de la zona (recuérdese que una persona moral puede ser una sociedad mercantil, es decir, empresarios), tendrá entre sus facultades, según la fracción XII del artículo 33: Operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán prestarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.

Este proyecto, empujado por Luis Videgaray (aquí puede leerse lo publicado en el Diario Oficial de la Federación: http://goo.gl/HtdReC ) tiene como propósito privatizar el sur, entregar recursos y atribuciones del Estado a particulares (¡poniendo a un representante de los empresarios como autoridad federal!) y apostar a un modelo de excepcionalidad que no ha dado buenos resultados, mientras la ebullición social sube de tono en esas regiones contra un reformismo pensado en función del lucro.

Por si alguna duda hubiera de que ha sido el secretario de Hacienda y Crédito Público quien se ha quedado con el PRI y el proceso sucesorio, véase lo escrito en 2007 por Enrique Ochoa Reza en su tesis para obtener la licenciatura en derecho por la UNAM: ...el doctor Luís Videgaray Caso ha sido un ejemplo a seguir a lo largo de los últimos 20 años. Luís fue el presidente de su generación estudiantil en la preparatoria y siguiendo su liderazgo me postulé para dos cargos de representación en la secundaria. Tiempo después seguí su consejo para estudiar simultáneamente las licenciaturas de derecho y economía, en la UNAM y el ITAM, lo que ha sido uno de los grandes aciertos de mi vida profesional. Por si esto fuera poco, Luís me ayudó a conseguir mi primer trabajo en la administración pública federal y ha sido un referente de cómo desarrollar con éxito sendas trayectorias en la academia, el sector privado y el servicio público. México gana con funcionarios públicos como Luís Videgaray. Y, mientras Los Pinos empuja otra carta presidencial en el PRD, con Silvano Aureoles, ¡hasta mañana!

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