La próxima decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de una mujer a la que le impidieron abortar, a pesar de que el embarazo ponía en riesgo su vida, podría no sólo hacerle justicia a ella, sino que enviaría también un mensaje al Congreso federal para que cambie las leyes que lo prohíben, señaló Julia Escalante de Haro, de la organización Ipas México.

Asimismo, si los ministros concluyen que algunos artículos del Código Penal Federal que niegan la interrupción del embarazo por razones de salud son inconstitucionales, le darían certidumbre jurídica al personal médico, pues la mayor resistencia que hemos encontrado en ellos es no saber qué facultades legales tienen para hacerlo, agregó.

De acuerdo con un estudio de Guttmacher Institute, tan sólo en 2006 se estima que se llevaron a cabo 874 mil 747 abortos inducidos. En ese mismo año más de 49 mil mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones después de la interrupción del embarazo, según esa organización internacional que promueve los derechos sexuales y reproductivos.

La semana pasada los ministros de la primera sala de la SCJN analizaron el caso de Margarita Pino, quien en 2013 solicitó un aborto en el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Issste) debido que el embarazo agravaba su salud; como le negaron esa posibilidad, recurrió a una clínica particular.

La Corte no entró al fondo del asunto, pues algunos ministros tuvieron consideraciones sobre el procedimiento de amparo que presentó Pino, explicó Julia Escalante, coordinadora de Política y Abogacía en Ipas. Así que un nuevo proyecto de sentencia será presentado, recordó.

La decisión final del máximo tribunal podrá ayudar a otras que estén pasando por lo mismo, señaló. Los códigos penales de 14 entidades federativas reconocen la causal de salud, pero no el federal. Lograrlo sería un gran avance para que instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Issste y o los hospitales militares, acaten esa norma, apuntó.

Los abortos finalmente ocurren, y es mejor que sea en un lugar y en condiciones seguras, expresó. Algunos médicos se oponen por valoraciones personales y la mayoría por no saber si es legal. Sin embargo, algunos que están comprometidos con la salud de las mujeres se atreven a apoyarlas sin importar que el código penal de su entidad lo permita o no.