En el periodo de sesiones que comenzará en septiembre es necesario que el Congreso trabaje en una legislación que regule el cohecho, el soborno y, en general, la participación de los empresarios en negocios con los gobiernos federal y locales, y con empresas como Petróleos Mexicanos y demás organismos públicos, señalaron senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El senador Alejandro Encinas recalcó que, luego del veto presidencial al artículo 32 de la Ley General Responsabilidades Administrativas, que eximió a los empresarios de presentar declaraciones patrimonial y de intereses, es imprescindible que se regulen las acciones de personas físicas y morales, luego de las fortunas que se han forjado al amparo del poder.

La senadora Dolores Padierna recalcó que en las últimas décadas se ha recrudecido la corrupción, los casos en que empresarios y altos funcionarios se alían para obtener beneficios indebidos. Gobierno tras gobierno se repite la actuación en favor de socios y amigos, en busca siempre de una ganancia inusitada, de contratos y negocios que llevan al quebranto de las finanzas públicas.

Recordó los negocios de OHL en el estado de México, del contratista que construyó “la Casa Blanca” y otros negocios entre funcionarios y grandes empresarios, que son los que presionaron al presidente Enrique Peña Nieto para que vetara la disposición incluida en una de las leyes anticorrupción, de hacer pública su riqueza y los posibles conflictos de intereses con las instancias gubernamentales que le otorgan contratos y concesiones.

Padierna recalcó que PRI, PAN y PVEM rechazaron la modificación propuesta al artículo 32 por el PRD y avalaron el veto presidencial en sus términos. Nosotros no estamos de acuerdo en dejar fuera a los oligarcas en la articulación de un sistema nacional anticorrupción que cruce información, que pueda dar seguimiento a la evolución de sus ingresos, al patrimonio de los servidores públicos y a las grandes ganancias de los empresarios que surgen cada sexenio; hacerlo así es perpetuar el círculo vicioso de corrupción y de impunidad.

Encinas recalcó que por ello es urgente iniciar una tercera etapa dentro de esa legislación, para establecer con claridad las normas e instrumentos que permitan combatir la otra cara de la corrupción, toda vez que ésta tiene dos caras: una, la de aquellos servidores públicos que se corrompen o se dejan corromper en el ejercicio de sus funciones, y la de los empresarios que sobornan, corrompen o incurren en materia de cohecho.

No se trata, aclaró, de una discusión contra los empresarios, sino de establecer mecanismos de control e información y sanción para aquel pequeño sector de la iniciativa privada beneficiario de los contratos de obra o de infraestructura pública, o los contratos de adquisiciones.

Es urgente, insistió, contar con una legislación que regule la participación de las empresas, asuntos públicos y particulares dentro y fuera del país.