ajo el declarado propósito de combatir el terrorismo y el extremismo, el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso, dependencia sucesora del KGB soviético) aspira a convertirse en una suerte de orwelliano Gran Hermano, gracias a las casi ilimitadas posibilidades para entrometerse en la vida privada de los habitantes de Rusia que le otorga el llamado paquete antiterrorista, promulgado esta semana por el presidente Vladimir Putin.

En síntesis: además de los sistemas a su servicio desde hace años y que le permiten de modo legal efectuar escuchas telefónicas –cada año se conceden más de 100 mil resoluciones judiciales– y conocer el seguimiento de los sitios web que visita cualquier individuo en Internet, el FSB quiere ahora que las compañías de telefonía celular guarden en sus servidores durante tres años toda la información técnica de las llamadas que realizaron o recibieron sus abonados, así como mensajes de texto, fotografías, audios y videos, y durante seis meses el contenido de las conversaciones y mensajes intercambiados, proporcionando desde este 20 de julio las claves de cualquier método usado para cifrado de las comunicaciones. Los proveedores de Internet tendrán que hacer lo propio durante un año, facilitando también pleno acceso a las cuentas de correo de los usuarios.

Eso es lo que pretende el FSB, pero todavía nadie sabe cómo guardar un volumen de información que los expertos estiman en no menos de 157 mil millones de gigabytes al año y que representará para las compañías del sector un desembolso de más de 70 mil millones de dólares, que repercutirá en los usuarios que tendrán que pagar el doble o el triple. No se salva del gasto desmesurado ni el servicio postal ruso, que deberá invertir 8 mil millones de dólares para adquirir equipos que permitan escanear los paquetes y sobres de sus clientes.

Las compañías tienen un margen de dos años para instalar todos los equipos, lo que significa que el sistema de espionaje total en Rusia estará funcionando por las fechas de inauguración del mundial de futbol y las conversaciones, mensajes de texto y correos de los extranjeros que vengan también irán a parar a los servidores del FSB, aparte de que no es claro si podrán cumplir el requerimiento de la FIFA de proporcionar acceso adicional a 700 mil personas en cuanto a roaming y redes Wifi en los estadios y ciudades sede del campeonato.

Es obvio que el FSB no podrá vigilar a todos los ciudadanos rusos y extranjeros que estén en su territorio, pero también lo es que, con estas enmiendas y escudándose en el combate a los terroristas, no tendrá ningún impedimento para vulnerar la privacidad de los políticos de oposición, empresarios no favorecidos por el Kremlin, intelectuales y periodistas críticos y, de plano, de quien se le antoje.

Por ello el estadunidense Edward Snowden, ex analista de inteligencia refugiado aquí, llamó día negro para Rusia la fecha en que el presidente Putin promulgó estas modificaciones a las leyes.