Ante la aceptación pública de algunos agricultores de que en el actual ciclo productivo sembraron soya transgénica en Campeche, las agrupaciones Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Green-peace interpusieron una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable.

Estos grupos, que respaldan la lucha de los apicultores indígenas mayas contra el cultivo de semillas modificadas, demandaron se investigue la violación al marco de bioseguridad y al Código Penal Federal, y el desacato a las sentencias de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó la suspensión de la siembra hasta que se consulte a las comunidades indígenas mayas si aceptan el cultivo.

Exigieron también que como medidas de seguridad se incauten de inmediato las semillas de soya transgénica, sus productos y subproductos; criticaron la actitud del delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Campeche, Alberto Uc, y del subdirector de Desarrollo e Innovación Científica de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, Antonio Ramírez, por afirmar a los agricultores menonitas, y a otros, que está abierta la posibilidad de sembrar esa semilla en Campeche.

Es preocupante que el delegado de la Sagarpa esté generando condiciones para burlar los efectos de una sentencia judicial, que es clara en su contenido para favorecer a (la empresa) Monsanto y a quienes se han beneficiado con ese tipo de siembra. Es urgente que la PGR realice una investigación efectiva e imparcial para sancionar conductas que contravienen sentencias definitivas, expusieron ambas agrupaciones en la denuncia.

Integrantes de las comunidades indígenas mayas que se oponen a la siembra de transgénicos han denunciado que, por dicho cultivo, en menos de una década han desaparecido 35 mil hectáreas de selva y miles de apiarios. Irma Gómez González, investigadora de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, dijo que entre 2005 y 2015, en Hopelchén se perdieron 59 mil hectáreas de selva por la expansión de los cultivos industriales.

En la denuncia presentada en la PGR, las agrupaciones refirieron que en 2012 Monsanto pidió permiso para la siembra de soya transgénica en los municipios de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada, la cual está suspendida por orden de la SCJN. La empresa omitió mencionar al municipio de Campeche, por lo que la siembra en éste también es ilegal, al no estar incluido ni en la solicitud ni en el permiso otorgado en su momento a Monsanto.

Agregaron que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que entre 2013 y 2015 se registraron siembras de soya transgénica en Campeche, en una superficie de entre cinco y ocho mil hectáreas, y a la fecha no hay ningún permiso para ese cultivo.