Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y especialistas en el tema escolar calificaron de ‘‘oportunismo político y acción maquiavélica’’ del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentar, casi tres años después de la implementación de la reforma educativa, planteamientos en los que ‘‘reconoce que sí hay acciones punitivas’’ en la evaluación obligatoria que contemplan las modificaciones al artículo tercero y 73 constitucionales.

Coincidieron en que se trata de una medida ‘‘tardía y débil’’ que ocurre en un momento ‘‘estratégico’’ del proceso de construcción de un diálogo con el magisterio disidente para intentar disminuir el costo político de una posible modificación.

Francisco Bravo, integrante de la dirección política de la CNTE, expresó: ‘‘No podemos descartar que con esta medida se busque una salida al rechazo que tiene la reforma educativa, pero también que se use al sindicalismo oficial para quitarle banderas y simpatías al magisterio disidente, colgarle la medalla al SNTE, un organismo incondicional al gobierno federal, y permitir que éste no se vea tan derrotado’’.

Agregó que pese al surgimiento del sindicato como actor en la revisión de la reforma, la coordinadora continuará con las acciones y determinaciones que considere oportunas. ‘‘Tenemos un camino trazado independientemente de los actores o distractores que se quieran meter’’, dijo. Aseguró que acudirán este lunes a la mesa de negociación programada con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para continuar buscando salidas al conflicto.

En entrevista por separado, Ángel Díaz Barriga, profesor del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que en la aparición del SNTE como actor para exigir la revisión de la implementación de la reforma ‘‘pareciera haber habido mano negra para que no fuera sólo la CNTE el único interlocutor. Es evidente que el gremio enfrenta una enorme presión de muchos maestros que hoy ven en riesgo su estabilidad en el empleo’’.

Consideró que la postura de rechazo del presidente Enrique Peña Nieto para modificar las leyes secundarias de la reforma se debe al temor de que ‘‘le tiren la joya de su sexenio, pero habría que decirle que no se trata de eso, sino de construir una evaluación para los docentes, pero una que sea buena, sin factores punitivos ni intimidatorios, sin examen para evaluar el desempeño docente y sin la participación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval)’’.

A su vez, Enrique Enríquez Ibarra, secretario general del magisterio disidente en la Ciudad de México, afirmó que hay un ‘‘entendimiento macabro’’ entre la cúpula del SNTE y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

‘‘Llevamos más de tres años advirtiendo de los graves errores pedagógicos de la reforma, de sus medidas punitivas para acabar con la certidumbre laboral’’, explicó. ‘‘Lo dijimos incluso antes de la aprobación de las leyes secundarias en septiembre de 2013, pero al charrismo sindical le abren una mesa para hacer sus planteamientos en menos de 12 horas, cuando desde un principio apoyó todas las medidas que afectan a los maestros’’.

Es evidente, dijo, que se trata de evitar por todos los medios que la CNTE sea el único interlocutor. ‘‘Siempre hemos dicho que la construcción de un verdadero modelo educativo es tarea de todos, pero aquí se trata de minimizar a toda costa la visibilidad de un magisterio que se ha opuesto con razones objetivas a la reforma y que ha ganado la simpatía y el apoyo de muchos sectores sociales, porque sabemos que nos asiste la razón’’.