La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó a las autoridades capitalinas y federales emitir una prórroga en el calendario de verificación a fin de que los automovilistas no se vean afectados con la imposición de sanciones por la falta de lugares autorizados o abiertos para cumplir con ese requisito.

La presidenta del organismo, Perla Gómez Gallardo, dijo que ayer mismo se enviaron medidas precautorias para solicitar acciones de coordinación entre el gobierno federal y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a efecto de que los 67 verificentros que operan en la capital proporcionen el servicio de manera oportuna.

Asimismo, pidió que se valore la posibilidad de emitir una prórroga al calendario de verificación para que las personas no sean sancionadas, ya que ha sido responsabilidad de la autoridad la falta de articulación y comunicación entre la autoridad federal y la local, y la carencia de condiciones para el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que quieren imponer.

Gómez Gallardo puso énfasis en que mientras no haya condiciones para que se realicen las verificaciones, la CDHDF no desea violaciones al derecho humano de seguridad jurídica de las personas en esta materia.

Dijo que se dará seguimiento a este asunto, “ya que hay autoridades federales que, en la falta de coordinación, están impactando o pueden impactar derechos humanos de personas que habitan y residen en la ciudad.

Emite recomendación

Por otra parte, la ombudsman presentó la recomendación 6/2016 en contra de la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura locales por la ausencia de una perspectiva de género en juicios contra mujeres, particularmente en el caso de Yakiri Rubio y Clara Tapia.

En ambos casos se documentó la omisión de investigar y atender de manera oportuna, diligente, integral y con perspectiva de género la violencia contra las mujeres. Por lo que se acreditó, desde la perspectiva de género y enfoque diferencial y especializado, la violación a los derechos a una vida libre de violencia, al debido proceso y al acceso a la justicia y a la integridad personal, indicó Gómez Gallardo.